Suspendido por cuarta vez el juicio al exalcalde por autorizar 41 viviendas

Trabalón se enfrenta a una pena de 21 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación

Cándido Trabalón en una de sus visitas a los juzgados.
Cándido Trabalón en una de sus visitas a los juzgados.
Europa Press
11:59 • 25 nov. 2014

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha suspendido la vista programada este martes contra el exalcalde de Zurgena (Almería) y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), y cinco exmiembros de la corporación local acusados de conceder licencia para la construcción de 41 viviendas unifamiliares en varias parcelas ubicadas en los parajes ´Barranco de Los Pinos´ y ´Cortijo Zurano´.

El juez ha decidido suspender el juicio después de comprobar que aún no se había resuelto una de las cuestiones previas presentadas por una de las partes hace aproximadamente dos meses, con lo que ha resuelto posponer la vista oral aunque no se ha fijado una nueva fecha, según han indicado fuentes jurídicas. Se trata de la cuarta ocasión en la que se suspende este juicio.

Trabalón está a la espera de que el Juzgado de lo Penal 3 dicte la sentencia de la vista oral celebrada hace tres semanas y tras la que el fiscal elevó a definitiva su petición 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación acusados de prevaricar al autorizar la edificación de 202 viviendas presuntamente sobre suelo no urbanizable en La Alfoquía.

En la vista que se ha suspendido, la Fiscalía pide para el exregidor, para su exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, y otros cuatro exconcejales penas de seis meses de prisión, multa de 14 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años. A las mismas penas se enfrenta el técnico F.S.G., quien habría emitido un informe técnico favorable "a sabiendas de su injusticia".

Junto a ellos, se iban a sentar en el banquillo los acusados los administradores de la mercantil Promociones Las Cañaicas S.L., la pareja I.G.F. y F.M.L., a quienes el Ministerio Público imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio ya que, según sostiene, además de construir 41 viviendas con conocimiento de que el suelo no era urbanizable, levantaron "otras doce edificaciones sin licencia municipal alguna que las amparase" aunque estas no están acabadas, según matiza.

Interesa para ambos penas de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción por tiempo de dos años.

Las 41 licencias para las que sí se concedió permiso en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zurgena cuando Trabalón era alcalde con el voto favorables de los ediles acusados "pese a tener conocimiento de que conforme a la legislación vigente estaban proyectadas en suelo no urbanizable", fueron vendidas mediante contratos privados de compraventa por I.G.F. y F.M.L. a terceras personas, en su mayoría ciudadanos de origen extranjero.

El Ministerio Público preveía interesar en la vista oral la demolición de lo edificado con indemnización a cargo de los constructores para las personas que hayan celebrado contrato de compraventa en la cuantía de la cantidad pagada. También va a solicitar que como administradores de esta mercantil, con sede en Albox, que costeen la ejecución del derribo.

Británicos afectados
En febrero de 2011, la jueza ordenó que se diese traslado de las actuaciones por presunto delito de prevaricación tanto al Ayuntamiento de Zurgena, como a la entidad aseguradora del arquitecto procesado, en calidad de responsables civil subsidiarios y civil directo, para que formulase el correspondiente escrito de defensa. Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular

Daba, así, respuesta, a la solicitud expresada por las acusaciones particulares personadas en las que están representados una treintena de ciudadanos, en su mayoría residentes de nacionalidad británica, que adquirieron las casas supuestamente fuera de ordenación y con una licencia ilegal. Todos pidieron que se cursará ese trámite al incoarse procedimiento abreviado aunque el juzgado instructor no lo hizo.











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