El New York Times se hace eco de los últimos derribos y el problema de las casas ilegales

El diario International New York Times se ha hecho eco del problema que afrontan los dueños de unas  5.000 viviendas construidas ilegalmente en la provincia de Almería, la mayoría propiedad de jubilados británicos en el valle del Almanzora. Su autor es Kevin Brass, un veterano escritor free-lance residente en Barcelona, especializado en el mercado inmobiliario y que también escribe, entre otras publicaciones internacionales, para el Wall Street Journal.
Brass  estuvo dos días en nuestra tierra de la mano de Maura Hillen, presidenta de AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No), quien se puso en contacto con este periodista. Este es el arranque de su artículo: 
“Conduciendo a través de la campiña andaluza, Maura Hillen señala  plantaciones de olvios y pequeños grupos de casas blancas sobre una colina lejana. “Todas esas casas son ilegales y podrían ser demolidas”, cuenta Hillen, quien se mudó aquí desde Inglaterra hace diez años con su marido John.
Más de 5.000 viviendas en este valle rural son ilegales, y forman  parte de las más de 250.000 viviendas construidas en toda Andalucía sin los permisos legales correspondientes durante el boom de la construcción española de 2001 a 2008. Miles fueron vendidas, algunas a los lugareños y muchas a compradores extranjeros, como los Hillens, que querían jubilarse y vivir en medio del bonito paisaje de palmeras y cortijos de piedra. En su lugar, se han visto envueltos en una batalla de 10 años sobre el futuro de sus residencias, una lucha que muchos creen que no se resolverá pronto”.

Cal y mucha  arena  Brown dibuja un completo panorama en el que señala las de cal que se han producido y la mucha arena de incertidumbre que aún queda por despejar. Y sobre todo, las últimas demoliciones que ocurrieron en Cantoria hace pocos días.
“Políticos y promotores han sido ya enviados a la cárcel por su papel en este escándalo, pero no ha habido ninguna decisión sobre qué hacer con las casas, que no tienen aún estatus legal y que podrían ser derribadas en cualquier momento. En los últimos meses ha habido signos de progreso, al reconocer tanto los tribunales como los políticos la necesidad de una solución, pero en noviembre se demolieron dos casas propiedad de parejas británicas en el municipio de Cantoria.
“Las autoridades han estado torturando a los propietarios durante años con las amenazas de demolición, nos han estado matando suavemente con papeleo, formularios, reglamentos y planes”, dice la señora Hillen, que es presidenta de “Abusos Urbanísticos Almanzora No”, una asociación de cerca de 600 propietarios de viviendas que luchan por salvar sus hogares”, afirma el autor británico en su artículo. Este continúa señalando un aparente progreso, que en realidad no evita las demoliciones: 

Decreto de la Junta “En 2012 el gobierno regional aprobó un decreto con el objeto de proporcionar una salida que evite  las demoliciones. Pero en dos años tan sólo unos pocos cientos de propietarios han pasado por este proceso y han cambiado con éxito la situación legal de sus viviendas, según funcionarios de la Junta. El decreto tiene “un gran agujero”, afirma Gerardo Vázquez, abogado que representa a los propietarios. “Sólo afecta, en el mejor de los casos, a viviendas individuales o grandes urbanizaciones”. Pero miles de casas en pequeños residenciales y parcelas subdivididas en áreas rurales no han sido incluidas. Además, el decreto hace recaer en los ayuntamientos el desarrollo de  planes específicos locales, un proceso que los propietarios temen que podría durar años”.

En un limbo Kevin Brass recuerda que en octubre, los propietarios “cantaron victoria cuando un juez ordenó la suspensión de la demolición de cuatro viviendas y, por primera vez,  indemnizaron a los propietarios con 140.000 euros en concepto de “daño moral” por los años que han vivido bajo la amenaza de demolición. “Nos sentimos aliviados”, afirma Roger Harvey, de 69 años,  propietario. “Pero también estamos enfadados por haber tardado diez años en llegar a este punto”.
A pesar del fallo judicial, el estado del chalet de tres dormitorios del señor Harvey no es todavía claro. Si bien no puede ser demolido, no se considera legal aún y no puede ser revendido. Dado que no es legal, no puede recibir electricidad y agua y los Harveys utilizan un generador y el agua la lleva a casa un camión cisterna. “No podemos mudarnos. No podemos vender”, afirma Harvey. “Todos nuestros ahorros están aquí””. Brass concluye con un horizonte de incertidumbre, con el optimismo del socialista José Luis Sánchez Teruel y la firmeza por parte de los ecologistas.  Pero sobre todo, con  el pesar  de los dueños.