Orden de derribo de 17 casas “sin avisar” a los dueños

La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN), que agrupa a propietarios británicos de viviendas fuera de ordenación en Almería, ha advertido de que las viviendas construidas en el paraje de la Media Legua, en Cantoria, sobre las que se ha acordado demolición sin indemnización “están ocupadas” y ha criticado que los perjudicados “no hayan sido informados” del procedimiento penal.

La portavoz del colectivo, Maura Hillen, ha indicado  que seis de las familias afectadas por esta orden de derribo decretada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería son miembros de AUAN y que se encuentran “aterrorizados” ante la posibilidad de “perder sus casas”.

“Tienen mucho miedo, están profundamente tristes y llenos de incertidumbre”, ha asegurado Hillen, para quien resulta incomprensible que “los juzgados no hayan intentado contactar con ellos para que pudieran defenderse y defender sus intereses”.

Indefensión
Al hilo de esto, ha calificado los hechos de “muy graves” y ha reiterado la “indefensión de los compradores de buena fe” ante las sentencias que ordenan la demolición de lo construido en suelo no urbanizable aunque, porque aunque, “se ordene que sean indemnizados, realidad es que nunca la reciben”.

“Esperamos que los propietarios afectados, todos británicos, puedan impugnar esta decisión y ejercer su derecho”, ha expresado Hillen.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press que “15 de las 17 viviendas están habitadas” y que figuran en el inventario de viviendas fuera de ordenación elaborado por el Ayuntamiento de Cantoria para la aplicación del decreto de la Junta de Andalucía de 2012, así como que sus moradores “están empadronados” en el municipio.

El Juzgado ha ordenado la demolición en el marco de una causa en la que el promotor y constructor ha sido condenado a 14 meses de prisión y multa de 18 meses con una cuota de 12 euros al día, así como a inhabilitación especial por tiempo de 20 meses.

Indemnización
El fallo rechaza, no obstante, condenarle a que indemnice a compradores de buena fe tal y como solicitó el fiscal ya que, “aunque pueda cabe sospecha de su existencia”, considera que la documentación presentada por el acusado con respecto a “posibles” contratos de compraventa “ofrece poca confianza”.

Argumenta la sentencia que resulta “palmaria la mala fe” de A.P.R. ya que, si bien su defensa planteó como cuestión previa la existencia de terceros que ocupan las viviendas construidas “pretendiendo” así que se devolviera la causa a instrucción a fin de que se hiciera ofrecimiento de acciones a los mismos, no ha dicho “ni una palabra ni presentado la documentación en nueve años de litigio y pese a que “fue requerido en diciembre de 2005 para que demostrase la venta de las viviendas”.

La magistrada María Soledad Balaguer deja la puerta abierta a que los perjudicados puedan ejercitar las acciones legales que corresponda contra el acusado o “a la administración -en este caso el Ayuntamiento de Cantoria-por su inactividad en el ejercicio de su potestad sancionadora”.