Níjar

Ecologistas denuncian sondeos mineros

Advierten de que la Junta ha sacado a concurso inspecciones mineras en las costas

Los terrenos contienen caolín, bentonita o arcillas y rocas bituminosas.
Los terrenos contienen caolín, bentonita o arcillas y rocas bituminosas.
Europa Press
07:00 • 18 ene. 2015

El colectivo ecologistas ‘Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar’ ha advertido de que el Gobierno andaluz a sacado a concurso público sondeos mineros en una veintena de terrenos enclavados en este espacio protegido, y ha presentado recurso de alzada para que la Consejería de Empleo, Innovación y Ciencia anule la resolución aprobada en diciembre por ser "contrarios a ley" y por "conculcar una prohibición expresa" recogida en la normativa ambiental que protege los valores ambientales de Cabo de Gata.




 




Paralización




De forma paralela, ha presentado un escrito ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que tiene las competencias para hacer que se aplique el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, en el que le urge a paralizar "este tipo de autorizaciones de minería que no son compatibles" con esta normativa y a requerir a la consejería que lo ha aprobado a que proceda al "inmediato archivo de todos los expedientes que tengan por objeto la investigación y/o explotación de recursos mineros" en el espacio.




 




Espacio protegido  




Los terrenos declarados francos, que contienen Caolín, Bentonita, arcillas y rocas bituminosas, se encuentran bajo protección de la Directiva Hábitat y se consideran, por tanto, Lugar de Interés Comunitario, lo que, según dice el colectivo en su recurso, es "incompatible" con la protección ambiental.En esta línea, hace referencia a que el Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de Andalucía 2010-2013 de la propia Junta establece esta veintena de zonas en Cabo de Gata como de "incompatibilidad minera ambiental", por lo que remarca que resulta "evidente" que la administración "conoce perfectamente las restricciones legales que impiden el otorgamiento de muchos de los permisos mineros que se sacan".  El colectivo apela a un "ejercicio de buen gobierno y uso eficiente de los recursos públicos" para que se archive ya que, a su juicio, las resoluciones podrían constituir un "fraude de ley".





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