La Fiscalía no detecta anomalías en el centro de menores Tierras de Oria

La Fiscalía de Menores ha abierto dos diligencias informativas para investigar la grabación y difusión del vídeo en el que aparecen dos menores atados por medios de sujeción a una cama en el centro de menores Tierras de Oria, y para comprobar la veracidad de los hechos que aparecen en las imágenes y si las actuaciones que se reflejan se llevaron a cabo conforme a derecho.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, desde donde han precisado que este miércoles se desplazaron hasta el centro de menores para comprobar el estado de las instalaciones, el uso de las estancias, la homologación de los sistemas de sujeción y la aplicación de los protocolos, entre otras cuestiones, de forma que durante la inspección, motivada tras esta denuncia pública, “no se detectaron anomalías”.

No obstante, el Ministerio Público mantiene abiertas, por el momento, unas diligencias ante la presunta comisión de un delito contra el honor y la intimidad así como contra la protección de datos a raíz de la difusión de las imágenes; un asunto que también va a investigar el Juzgado de Instrucción de Purchena tras la denuncia presentada por el director del centro, Manuel Madrid, a fin de identificar a los autores.

Autorizaciones
Asimismo, la Fiscalía prevé indagar en si los hechos que se aprecian en el vídeo son ciertos y, en caso de ser así, si se llevaron a cabo conforme a derecho, por lo que se han solicitado las autorizaciones emitidas entre 2011 y 2014 para proceder a la sujeción mecánica de menores.

De entrada, tal y como adelantó LA VOZ, tras analizar el vídeo que motivó la investigación, han podido determinar que las imágenes se encuentran “manipuladas” al mezclar dos episodios, uno en 2011 y otro en 2014, que además se reproducen en bucle, con lo que la grabación ha sido editada respecto al original.

La Fiscalía ha recordado que el Real Decreto de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores contempla el uso de estas medidas ante situaciones “excepcionales” destinadas a prevenir posibles daños hacia los internos y su entorno en periodos concretos.

Cabe recordar que el pasado 6 de febrero la dirección del centro de menores Tierras de Oria interpuso una denuncia en el juzgado ante la difusión de un vídeo con el que la asociación Centrosdemenores.es acusaba a los profesionales de supuestos maltratos y que, según el presidente de la misma, Alfonso Galiana, habrían sido grabado “por empleados”.

El director emprendió acciones legales tanto contra el presidente de esta plataforma como contra dos extrabajadores del centro que fueron despedidos recientemente.

Un indecencia
Más allá de la consternación que el director de Tierras de Oria, Manuel Madrid, y su equipo sentían estos días por el daño que la denuncia sobre posibles malos tratos a internos podía provocar al trabajo de tantos profesionales, Madrid se mostraba indignado por el hecho de la grabació en sí. “Es una indecencia que un trabajador haya grabado un vídeo durante su trabajo, es algo que va totalmente en contra de la protección de la imagen y el honor de los menores internos”, sentenciaba Madrid.

En cuanto al contenido, el director siempre se ha mostrado tranquilo, ya que desde el principio defendió que estaba manipulado.

Por su parte, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha reconocido la buena gestión de las entidades que trabajan con la Junta en la reeducación y reinserción de los menores que cumplen una medida judicial, a cuya tarea se dedican unas 2.000 personas. De Llera ha recordado que, según el Informe sobre la Atención a Menores Infractores del Defensor del Pueblo, el sistema andaluz de Justicia Juvenil recoge índices de reinserción y no reincidencia de los menores del 80%.