Sin peticiones de sondeos mineros en el Parque Natural de Cabo de Gata

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo respondió ayer al anuncio del colectivo Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que pretende presentar una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y una queja ante la Comisión Europea (CE) ante el rechazo de la Junta de Andalucía a estimar el recurso de alzada del colectivo contra la resolución para sacar a concurso sondeos mineros en terrenos enclavados en este espacio de la provincia de Almería.

“Es importante señalar que los efectos prácticos de esta medida son nulos, ya que no se han registrado solicitudes para investigar la presencia de recursos mineros en las parcelas del parque natural que se sacaron a concurso, por lo que los terrenos se han declarado francos y registrables”, señaló ayer en una nota de prensa la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.

Según la Administración autonómica, el anuncio del colectivo Amigos del Parque implica que va a apelar la decisión del Gobierno andaluz de desestimar su recurso contra el concurso de derechos mineros. “Un recurso que agotaba la vía administrativa, y contra esa resolución sólo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del TSJA”, indicó la delegación provincial.

El Gobierno andaluz recordó ayer que el concurso de derechos mineros es un trámite obligado que dicta la Ley de Minas y su reglamento, que establecen un procedimiento del que no están exentos los antiguos permisos situados en lo que hoy son espacios protegidos. “Es decir, esta tramitación con sus preceptivos informes medioambientales es necesaria con independencia de la decisión que se adopte más adelante”. añadió la Junta de Andalucía.

Por lo tanto, desde la Delegación Territorial de Economía se destacó que la ley no contempla declarar directamente no registrable cualquier terreno no ubicado en el un parque natural por el mero hecho de estarlo. “Por el contrario, lo que prevé es abrir trámites de información pública y determinar caso a caso si la actividad y las técnicas mineras son compatibles con la naturaleza de los espacios donde se ubiquen los derechos, y para eso hay que convocar primero un concurso y conocer las propuestas”, especificó la Delegación de Economía, Innovación y Ciencia.

Desde esta delegación provincial se insistió ayer que cualquier otra medida es inviable para la Junta de Andalucía y, por supuesto, “ilegal e impugnable, incluido el desarrollo de la planificación ambiental previa que propone la organización en su escrito desestimado”.

Por su parte, los ecologistas consideran que la impugnación de esta resolución de la Junta obedece a que consideran que la misma es “contraria a ley”.