Imputados cinco funcionarios que ya fueron señalados por Hacienda hace un año

El juez instructor del Caso Poniente ha citado ahora a declarar como imputados a cinco funcionarios del Área de Obras Públicas, así como a la esposa y al hijo de dos de ellos por su relación con la empresa Urdial-Maryya SL ya que, mediante esta, se habrían embolsado presuntamente alrededor de 900.000 euros de dinero público. En el Caso Poniente se investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido bajo mandato del exalcalde Juan Enciso entre los años 2002 y 2007.

El auto, que fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril, imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del extenso y prolijo informe pericial de la Agencia Tributaria, que se incorporó a la causa a principios de 2014.

Subcontrata
Fuentes cercanas al caso han indicado que los indicios apuntan a que Urdial-Maryya subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como “eje” de la presunta trama corrupta y “único cliente” de esta mercantil, y que, gracias a ello, los imputados habrían recibido diversas cantidades que, en total, rondarían los 900.000 euros.

En concreto, los peritos de la Agencia Tributaria detallan que esta empresa, detrás de la que estarían estos funcionarios, “sólo contrató con Elsur” una serie de obras y servicios “sin justificación”, por lo que habrían recibido dinero público “sin ningún tipo de justificación también”.

El auto cita al jefe del Area de Obras Públicas, Agustín Santaella, al jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas, Emilio García, al arquitecto municipal Francisco Gabriel García, a la jefa de Vías Públicas, María Jesús Maldonado y al técnico del área Antonio Cara. Deberán comparecer ante el juez, asimismo, el hijo del primero, de profesión arquitecto, y la esposa de Emilio García.

Beneficios en 5 años
La pericial de Hacienda recoge que, entre 2004 y 2009, Santaella y su hijo se beneficiaron supuestamente con más de 250.000 y con 44.163 euros, mientras que Emilio García y su mujer habrían percibido indiciariamente 28.853 euros. El arquitecto municipal recibió supuestamente la máxima cuantía, más de 310.000 euros, mientras que la jefa de Vías Públicas y el técnico de área habrían cobrado 160.946 y 82.577 euros, respectivamente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, el magistrado Jesús Miguel Hernández, mantiene aún abierta la instrucción a la espera de iniciar la fase intermedia en una causa que explotó el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Consistorio ejidense y la detención de 20 personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal José Alemán.

Seis clanes
Los ocho informes de avance y conclusiones provisionales emitidos por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dividen la presunta trama en seis clanes y el Grupo Abengoa y apunta que supuestamente obtuvieron unos “superbeneficios no justificados” de Elsur a través de las subcontratas con “precios inflados” y una “sobrefacturación”.

En el marco de estas diligencias previas investigan la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y falsedad documental, se ha analizado un ‘terabyte’ (más de mil gigas) de información en soporte digital y 200.000 folios de documentación intervenida durante la operación policial.

Delitos prescritos
Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido ha indicado que los servicios jurídicos municipales han determinado que los hechos por los que han sido imputados cinco funcionarios del área de Obras Públicas están “prescritos a nivel administrativo” y ha emplazado a la vía penal para que se “determinen las posibles responsabilidades”.

El alcalde, Francisco Góngora (PP), ha pedido la “máxima celeridad” para que se resuelva “cuanto antes” este procedimiento, que, según subraya, se “enmarca en la etapa más negra que vivió este Ayuntamiento”.

“No es de recibo que dure 5 años”
La presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina se ha pronunciado sobre la situación del Caso Poniente. “Para señalar fecha para el juicio tiene que llegar antes a la Audiencia Provincial y es un tema que me preocupa bastante. Ya lo he dicho en varias ocasiones. No es de recibo que un procedimiento durante cinco años todavía no haya concluido la instrucción. Ahí tiene que hacer un esfuerzo el juzgado. Todo depende del juzgado para concluir la instrucción”.

En cuanto al Caso Costurero, Molina explica que ha llegado a la Audiencia, pero “se ha tenido que devolver momentáneamente al juzgado para que se subsane una serie de deficiencias que se han encontrado”.