Diez días para subsanar los fallos de la residencia de mayores

El  Pleno del Ayuntamiento de  Huércal-Overa ha dado luz verde, por unanimidad de los distintos grupos políticos, al secuestro de la concesión de la Residencia Ángeles Parra. “Hay declarada la  existencia indiciaria de incumplimientos contractuales relevantes en el contrato de gestión de la concesión de la explotación del servicio de residencia, consistentes en el impago reiterado de nóminas a los trabajadores y déficit en la ratio de personal de atención directa,  así como los restantes conflictos laborales que han motivado el calendario de paros del servicio comunicado y el riesgo manifiesto de que tales incumplimientos pudieran derivar en perjuicios al correcto funcionamiento y prestación del servicio a los usuarios”, detalla la propuesta de la Alcaldía.

En ella se detalla que se concede al concesionario del servicio un plazo de diez días naturales para que proceda a la subsanación de los incumplimientos verificados y puestos de manifiesto. “Si no es así se procederá a la efectiva ejecución del acuerdo de intervención”, han afirmado fuentes municipales.

“La gerencia y administración del secuestro de la concesión  se efectuará  por un interventor técnico, designando a tal efecto a una persona física o jurídica externa al Ayuntamiento especializada en el asesoramiento fiscal y mercantil o en la auditoría, con apoyo de los servicios municipales en cuanto fuera necesario”, han especificado las citadas fuentes.
Esta acuerdo de Pleno llega tras las manifestaciones por parte de los trabajadores de la existencia de un descontento general de la plantilla en relación a la gerencia, relatando deficiencias organizativas “internas graves”. “Asimismo, las trabajadoras han comunicado al Ayuntamiento la existencia de atrasos de nóminas correspondientes a varias mensualidades de anualidades vencidas, las cuales  debieran estar abonadas en su integridad”, han señalado desde el Ayuntamiento huercalense.

Desde el equipo de Gobierno se ha señalado que la intervención municipal ha requerido en diversas ocasiones justificación y detalle de la situación de pagos a los trabajadores de la residencia, así como información económica y financiera.a