Zurgena

El fiscal cree que tantos aplazamientos del juicio “parecen un cachondeo”

El abogado de Cándido Trabalón dice que lo que es “un cachondeo es la justicia almeriense”

El registro del Ayuntamiento y detención de Trabalón se produjo en 2008.
El registro del Ayuntamiento y detención de Trabalón se produjo en 2008.
E. de la Torre / E. Press
22:44 • 28 abr. 2015

Los sucesivos aplazamientos que están produciéndose en las diversas causas judiciales que el exalcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, exconcejales, promotores y personal del ayuntamiento tiene abiertas derivadas del Caso Costurero por presuntas irregularidades urbanísticas han provocado el cruce de acusaciones entre el fiscal y el abogado de Trabalón.

Tal es así, que, cuando ayer se tuvo que aplazar otro de los juicios,  el fiscal pidió a las partes “extremar el celo” ya que los continuos aplazamientos “parecen un cachondeo”. A lo que el letrado del exalcalde contestó que “lo que es un cachondeo es la justicia almeriense”.

La cuestión es que la vista oral que debía arrancar ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería fue suspendida por quinta vez después de que el abogado de Cándido Trabalón informara a la jueza de que su patrocinado se encuentra “hospitalizado debido a una angina de pecho”.

Trabalón, según ha explicado el letrado Antonio Segura a lo periodistas, comenzó a sentirse “indispuesto” en la tarde-noche del lunes “mientras preparábamos el juicio” y a primera hora de la mañana “su mujer me ha llamado por teléfono para decirme que estaban en Urgencias”.

Segura, quien trasladó que espera que “solo sea un susto”, hizo alusión a la “mucha tensión” que “acumula” el exalcalde zurgenero, con múltiples frentes judiciales abiertos desde el año 2006. “Al final, esa tensión explota”, cometó.

La jueza María Teresa Vidaurreta acordó suspender, por quinta vez, la vista oral ya que se piden penas que superan los seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público aunque apercibió al letrado de Trabalón para que aporte en el plazo más breve posible un justificante médico del ingreso hospitalario. La última vez que se aplazó fue en diciembre de 2014 por la renuncia de la letrada que ejercía al defensa de uno de los ediles encausados.

En este punto, y en el marco del acto de juicio, el fiscal solicitó a las partes “extremar el celo” ya que, según remarcó, “no es la primera vez” que se suspenden juicios relacionados con el urbanismo en Zurgena, lo que hace que “esto parezca un cachondeo”. “Espero que la parte aporte el justificante y no se esté jugando” con una dolencia, dijo.




Culpa del juzgado
En declaraciones a los periodistas, Segura también hizo referencia a este extremo y afirmó que, a su juicio, “el comentario” realizado en sala por el Ministerio Público “sobraba”. “Lo que es un cachondeo es la justicia almeriense porque, en este caso, las anteriores suspensiones se han debido a defectos del juzgado instructor de Huércal-Overa, es decir, de la propia administración de Justicia”.

El letrado defendió que su patrocinado “jamás ha faltado a una declaración en sede judicial o a un juicio” en los “nueve años” a lo largo de los que se han tramitado los procedimientos contra su gestión en materia urbanística.

Segura lamentó, por último, la “dispersión” de las causas abiertas e indicó que “no se llegan a entender” tanto los “retrasos” como que, en su día, se rechazace acumular la docena de procedimientos al prinicipal. “Son los mismos hechos y los mismos protagonistas. No se entiende”, concluyó.

Retrasos en varios procedimientos
El lunes se conocía que el juicio contra el exalcalde de Zurgena y otros imputados por la construcción de 37 viviendas en suelo no urbanizable en Los Caracoles se retrasa hasta abril de 2016, diez años después de la primera denuncia, tras suspernderse por no comparecer el exconcejal Manuel Tijeras. Ese mismo juicio ya había sido aplazado en otras dos ocasiones, situación que se repite prácticamente en todas las causas que se siguen por el urbanismo en Zurgena.

Este martes, Trabalón debía sentarse en el banquillo junto a cinco ex integrantes de la corporación local, acusados todos de conceder licencia para la construcción de 41 viviendas unifamiliares en Barranco de Los Pinos y Cortijo Zurano. la Fiscalía pide penas de seis meses de prisión y 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público.










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