El fiscal pide abrir juicio oral contra el alcalde

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Carboneras y candidato a la reelección, Salvador Hernández (Gicar), al estimar que habría incurrido en un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos por el que interesa tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El Ministerio Público considera que Hernández “ha impedido constante, real y efectivamente la labor de oposición” del concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole “acceso” a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.

El escrito de acusación concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno “en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de 10 días”.

Subraya que el regidor le habría “impedido”, asimismo, “de forma sistemática” el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que concluye la Fiscalía que su actuación supuestamente “ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición”.

La Fiscalía desgrana las peticiones de información presuntamente denegadas y hace alusión a documentación sobre los gastos municipales por la celebración de la fiestas de San Antonio de 2012 o el expediente completo del convenio firmado con la multinacional cementera Holcim.

Enumera, asimismo, algunas solicitudes para consultar, examinar y obtener copia de los expedientes de adjudicación y contratación de las obras de remodelación de la Plaza de El Argamasón, del Centro de Interpretación de la Cultura de Los Molinos, de la Plaza de El Saltador, del espacio verde ‘El Lometico’, las obras en el entorno del Castillo de San Andrés, el bulevar de la Avenida de Almería hacía el cementerio, el parque periurbano de El Pocico y la señalización horizontal en el municipio, así como el proyecto de la Plaza del Llano de San Antonio o la construcción de una nave almacén adjudicada a la UTE Limpieza-Carboneras. A estas hay que sumar reconocimientos extrajudiciales de deuda y otros expedientes de adjudicaciones de servicios públicos.

La Fiscalía subraya que, a “todas estas”, Hernández dio la “misma contestación” en la que concedía el acceso a la consulta solicitada y comunicaba al PSOE que se “pondrían en contacto para informarle del día y de la hora en la que el personal responsable, según la disponibilidad del servicio y sin entorpecimiento del mismo, podrían atenderle para la citada consulta”, sin que, según destaca, llegara a producirse este extremo “en ninguno de los casos”.

Por su parece, el alcalde de Carboneras, ha asegurado  que “nunca” ha denegado al portavoz del PSOE la información que ha solicitado, y ha indicado que, desde septiembre de 2011 a abril del presente año, se han atendido “105” peticiones de los “132 escritos que ha presentado” interesando en cada uno de ellos “varios expedientes al mismo tiempo”.

Hernández ha lamentado  que los socialistas le estén sometiendo, según ha dicho, “a pena de banquillo” para “intentar ganar a través de los juzgados lo que deben determinar las urnas” y ha afirmado que “como alcalde, ni doy ni quito el derecho de acceso a información” que tienen los grupos políticos con representación en la corporación local y los ciudadanos.

Por su parte, el letrado que ejerce la defensa del regidor carbonero, Miguel Ángel Campos, ha subrayado que el Juzgado de Instrucción 2 de Vera no ha resuelto aún el recurso de reforma presentado el 25 de marzo contra el auto que ordenaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.

Un caso similar al de Rogelio Mena
La imputación del alcalde de Carboneras por posible delito contra los derechos civiles por ocultar información a la oposición pone a Salvador Hernández en una situación similar a la del alcalde de Albox, Rogelio Mena, aunque el albojense tiene ya fecha para el juicio oral, el próximo junio.