El Gobierno local acusa a Llamas de un pago doble de facturas y subidas de sueldo

La nueva legislatura en Cantoria ha comenzado con un debate de lo acontecido años atrás en el Ayuntamiento de este municipio. En el Pleno celebrado el pasado jueves el Grupo Socialista, ahora en el Gobierno municipal, sacó a relucir información en la que acusaba al anterior alcalde popular, Pedro Llamas, de un presunto pago de las mismas de facturas por dos veces a proveedores y de subir el sueldo a empleados “afines” a pesar de que la ley impide este tipo de aumentos.

El punto del orden del día relacionado con una subida de sueldos autorizada por el ex primer edil, la alcaldesa cantoriana, Purificación Sánchez, explicó que en marzo de 2012 el exregidor “haciendo caso omiso de la legislación vigente en ese momento, aprueba una subida de sueldo para tres empleados del Ayuntamiento” que serían “personas de su especial confianza”.

Según los socialistas, la subida de sueldos se realizó pese a que la ley “prohibe terminantemente la subida de sueldos a los empleados públicos” y en contra “del informe emitido al respecto del citado expediente por parte del secretario-Interventor del Ayuntamiento, que además advirtió al entonces alcalde la improcedencia de dicha subida salarial”.

De este modo, los actuales gestores del Consistorio han procedido a la apertura de un expediente para “dar cuenta de lo sucedido a la autoridad competente” ya que la citada subida de sueldos podría constituir “un acto nulo de pleno de derecho” y un presunto “delito de prevaricación”.

Medidas legales Otro de los puntos que auditan los movimientos de Llamas en el Ayuntamiento señala a “una Operación de Tesorería” solicitada a una entidad bancaria “por importe de 250.000 euros” en agosto de 2012 para el “pago de determinadas facturas”. La alcaldesa calificó como “sorprendente” y de “ciencia ficción” que este pago de facturas presuntamente “no tuviera justificación contable” utilizándose para abonar facturas que ya habían sido pagadas desde el Ayuntamiento, con lo que se pagaron dos veces”, cometiendo “un presunto delito de prevaricación” y otro presunto delito “de malversación de fondos públicos”. 

Según los concejales socialistas, el secretario-interventor redactó un informe en el que advertía al entonces alcalde popular “de la improcedencia de dichos pagos”. Unos hechos considerados “muy graves” por los que la nueva regidora cantoriana anunció que  se adoptarán “las medidas legales pertinentes”.