La lucha por el Consorcio de Residuos Los Vélez-Almanzora-Levante se va al juzgado

El presidente popular asegura que nadie ha hecho “nada ilegal” en la votación que lo reeligió

El presidente (derecha) durante una inauguración en el Consorcio.
El presidente (derecha) durante una inauguración en el Consorcio.
Guillermo Mirón
20:47 • 18 sept. 2015

La división entre los municipios que forman el Consorcio de Residuos Almanzora-Levante-Los Vélez en torno al método seguido para la elección del presidente del ente tendrá su continuidad en los juzgados.





Así lo han manifestado fuentes del Partido Socialista después de que el miércoles la votación del nuevo presidente se realizara mediante el sistema de un voto por municipio, lo que benefició al candidato del PP, en lugar del voto ponderado que da más peso a los pueblos con mayor población, que habría dado la presidencia al regidor socialista de Arboleas. El reelegido presidente, el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, ve con buenos ojos que quienes consideran que no se cumplieron los estatutos establecidos sigan los cauces que marca el reglamento del ente.





“Si estiman oportuno que se han visto vulnerados sus derechos, el artículo 25 de los actuales estatutos dice que puede haber un contencioso y que el juzgado decida. No es que estemos haciendo algo ilegal”, ha reiterado en varias ocasiones el regidor.

Dos interpretaciones En cambio, Martínez ha reconocido que “se tomó una decisión sobre la que hay dos interpretaciones” en relación al sistema de votación, pero que “en ningún momento nadie está haciendo nada ilegal como dice el PSOE”. El actual presidente explica que la confusión tiene su origen cuando el consorcio debía adaptar sus estatutos a la nueva Ley de sostenibilidad y racionalización del sector público. Al no ser aprobada “por el voto en contra de alcaldes socialistas” el ente se encontraba  ante “una ley superior que no cumple los estatutos”, por lo que consultó “a la Subdelegación del Gobierno”.





La respuesta fue “un informe del abogado del Estado en el que pone que aunque los estatutos no sean aprobados quedan derogados los artículos que incumplen la ley superior”. En base a ese informe del abogado del Estado y del consorcio se le entrega a la secretaria. El primer edil popular añade que “la secretaria interpreta  en base a esos informes que para mantener la soberanía de los pueblos y que no solo los grandes decidan” se decidió seguir el sistema de un voto por pueblo.








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