Coordinación para mejorar la gestión de 2.500 viviendas públicas en alquiler

Junta de Andalucía y ayuntamientos de la provincia persiguen fomentar la colaboración entre ambas administraciones para la gestión de la vivienda pública que en la actualidad hay en Almería, en total unas 3.500. En concreto, sus miras se han fijado en las que están en la provincia en régimen de alquiler, unas 2.500.

Para ello, la Administración autonómica se reunió ayer  con alcaldes y representantes municipales para poner en común la gestión de las viviendas públicas en alquiler. Con tal fin, ambas administraciones han creado una mesa de trabajo para coordinar las actuaciones que supongan una mejor gestión de las viviendas en alquiler, tanto las gestionadas por la Consejería de Fomento y Vivienda como por los ayuntamientos.

Actores La delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, y el delegado de Fomento y Vivienda, Joaquín Jiménez, presidieron el encuentro celebrado ayer en la Delegación del Gobierno.

Ferrer explicó que “el primer paso será cruzar los datos que ambas administraciones gestionamos, una por el registro municipal de demandantes y los que aquí trabajamos desde la oficina de intermediación del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda”, lo que supondrá, aseguró, “hacernos una idea de quién demanda, en qué situación se encuentra, si está o no inscrito en el registro municipal y si existe posibilidad de contar con viviendas sin ocupar en esos municipios”. “Sólo favoreciendo espacios de trabajo coordinado entre ambas administraciones podremos avanzar en un marco de gestión común y garantizar el derecho a una vivienda digna”, añadió la delegada del Gobierno en Almería.

Por su parte, Joaquín Jiménez consideró fundamental que la información fluya hacia ambos lados. “De manera que aunemos criterios y garanticemos que las viviendas las ocupan quienes más lo necesitan”. Y es que, según comentó, uno de los objetivos de esta coordinación será comprobar si las familias que habitan actualmente las viviendas públicas en alquiler cumplen con los requisitos por los que fueron adjudicatarios de dichos inmuebles o, por el contrario, hay familias que los necesitan más.  “Si se da el caso de que han mejorado sus condiciones laborales, económicas y familiares, esa vivienda ha de continuar cumpliendo la función social para que la fue construida y servir a otra familia necesitada”, argumentó ayer el delegado provincial.

En la actualidad, según concretó ayer la Junta de Andalucía, el precio medio del alquiler de las viviendas consideradas de carácter social (antes de la entrada en vigor de la nueva normativa) es de 50 euros y el de las viviendas protegidas de 250 euros al mes.

Plan Jiménez le habló ayer a los representantes municipales de  las herramientas con las que cuenta la Junta para una mejor gestión de las viviendas públicas, como el Plan de Vivienda y Rehabilitación, actualmente en borrador y que será aprobado en el primer trimestre de 2016.

Jiménez avanzó que el 29 de octubre, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ya presentó a través del Observatorio de la Vivienda el borrador del plan, “cuyos ejes vertebradores serán el alquiler, la rehabilitación y garantizar el acceso a una vivienda digna a familias con menos recursos”.