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PSOE espera tener en enero la sentencia del Consorcio

Los socialistas confían en que se tenga que repetir la votación

Alcaldes y ediles del PSOe del norte de la provincia, ayer en Diputación junto a dirigentes socialistas.
Alcaldes y ediles del PSOe del norte de la provincia, ayer en Diputación junto a dirigentes socialistas.
Mª Ángeles Arellano
21:16 • 16 dic. 2015

El Partido Socialista espera contar en enero con la sentencia sobre el Consorcio de  Residuos del Almanzora, el Levante y Los Vélez después de que llevara a la Fiscalía la elección del alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, como presidente de este organismo, “empleando un método contrario a los Estatutos”. 

Juan Antonio Lorenzo, portavoz del Partido Socialista en Diputación, señaló ayer en rueda de prensa que ya cuentan con 18 informes de secretarios e interventores municipales, con uno de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Andalucía y otro, “el más importante”, de la Fiscalía que  dan la razón al PSOE. “En todos ellos se reconoce que la votación fue contraria a los Estatutos y a la propia Constitución, ya que no se respetó la proporcionalidad de los votos en función del número de habitantes de cada municipio”, aseguró Juan Antonio Lorenzo.

“Cuando se produjo la votación para nombrar el nuevo presidente  sin respetar la  ponderación de los votos en función de la población de cada municipio como dice los Estatutos, el Partido Popular nos invitó a ir a los juzgados y es lo que hemos hecho, poner el tema en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital, que se ha hecho cargo del caso y que terminará dictando una sentencia, en la que muy probablemente obligará a la actual Junta Directiva a repetir la asamblea, respetando esa vez la legalidad, a la vista del informe de la Fiscalía”, explicó Lorenzo.

Por ello, el portavoz socialista en la Institución provincial pidió  al equipo de Gobierno de la Diputación y a la directiva del Consorcio de  Residuos del Almanzora, el Levante y Los Vélez que no den lugar a que un juez los condene y devuelvan la legalidad al organismo, convocando una nueva votación en la que se cumpla la ley.











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