La Fiscalía pide abrir proceso penal por el caso de la rotonda y el merendero

La Fiscalía ha solicitado que se abran tres procedimientos penales para investigar presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Olula del Río bajo mandato del alcalde, Antonio Martínez Pascual (PP), y ha pedido que se declaren complejos para ampliar la instrucción a 18 meses debido a las periciales que deben incorporarse y a la existencia de “varias personas” investigadas.

La resolución, que deriva de la denuncia que interpuso el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, pide la práctica de diligencias para comprobar si se incurrió en supuestos delitos contra la administración pública y falsedad en la ejecución de una obra, en la adjudicación de un contrato y en la firma de un contrato de arrendamiento con un particular.

Merendero del Pinatar
En primer lugar, el Ministerio Público aprecia presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de alquiler por parte delalcalde con un particular “sobre un paraje municipal”, el conocido como merendero del Pinatar, que se habría suscrito con “dictámenes contrarios” tanto del secretario municipal como del interventor.

Solicita al Juzgado de Instrucción de Purchena que solicite al primero que aporte copia del expediente administrativo y que tome declaración en calidad de testigos a ambos funcionarios públicos “para ver si mantienen o no sus informes, si los complementan o si amplían el alcance de los reparos puestos”. Añade, asimismo, que, a resultas de las anteriores, se tome declaración como investigado (antes imputado) a Antonio Martínez.

En la denuncia planteada por el Partido Socialista, se señalaba que la explotación del merendero “el equipo de Gobierno lo ha otorgado a una iniciativa particular sin el plan de actuación necesario por ser una zona de especiales características y obviando los requisitos que la arquitecta municipal le había dicho al alcalde de Olula que había que cumplir.

Contrato de obra
La denuncia de la Fiscalía considera que también debe abrirse causa penal para indagar el proceso de adjudicación por parte del Ayuntamiento de Olula del Río de un contrato de obra para la mejora de la eficiencia energética del municipio a la mercantil Osepsa.

En concreto, el fiscal señala que previamente la citada empresa “pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas para la adjudicación de la obra” y que, por ende, “otras mercantiles que concurrieron al proceso de adjudicación pudieron ser indebidamente apartadas del mismo”.

Por último, el Ministerio Fiscal solicita al juzgado instructor la incoación de diligencias previas para investigar si se ejecutó la adecuación de un espacio público, específicamente una rotonda, la conocida como del ‘Rosquero y Carretillero’, con cargo a los Planes Provinciales por la mercantil Olumafi SL “con carácter previo a la adjudicación de la obra a la referida mercantil”.

Los plazos de la rotonda
Según la denuncia del PSOE, “las obras empezaron en marzo y concluyeron en mayo, justo antes de las elecciones municipales” de 2015, mientras que “según la documentación oficial, la obra la habría adjudicado la Diputación el 9 de junio y el contrato, el acta de replanteo y el programa de trabajo tienen fechas posteriores al 14 de julio”.

Entre las pruebas a prácticar, la Fiscalía interesa que se oficie a la Unidad Orgánica de Policía Judicial para que, “aportando al atestado los expedientes administrativos que se debieron incoar en la Diputación y el Ayuntamiento, acredite los hechos sucedidos y posibles irregularidades cometidas, y en su caso, responsable de las mismas”.

Denuncia del PSOE
Fue a medidados del pasado diciembre cuando el Partico Socialista de Olula del Río anunció que había presentado ante la Fiscalía tres actuaciones del equipo de Gobierno municipal -los contratos de dos obras y una cesión de instalaciones municipales-, ante sus sospechas de que “no se haya respetado la legalidad en un año con varias citas electorales”.

Dado que uno de los casos, el de la rotonda del Roquero y el Carretillero, se relaciona con la Diputación al estar financiado con fondos de los Planes Proviniales, el PSOE señaló entonces que “su partido esperará a ver qué es lo que dice la Justicia antes de actuar en la Diputación”.