La justicia sufre de por sí determinadas carencias y faltas de medios que durante 2020 se hicieron aún más evidentes si cabe con la llegada de la pandemia. Han sido meses en los que se ha puesto a prueba nuestro sistema judicial, forzando a las diferentes administraciones implicadas a ofrecer soluciones, algunas veces con más aciertos que otras.
De golpe, los letrados vieron, por ejemplo, suspendidos los plazos procesales. Una medida que no se aplicó a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Eso en lo que se refiere al orden jurisdiccional penal, porque la situación para otras jurisdicciones fue incluso peor.
El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería entendió desde el primer momento que no se podía dejar de lado a los letrados en este momento máximo de incertidumbre. A pesar de las dificultades aparejadas al confinamiento y cierre forzoso de prácticamente toda la actividad, no se dejó de asesorar en ningún momento, ora por vía telefónica, ora a través de las nuevas tecnologías de la información, a los abogados almerienses.
Ya en mayo, la Junta de Gobierno del Colegio mostró su firme repudio a las medidas de agilización de la justicia adoptadas en el Real Decreto-Ley 16/2020, por entenderlas “inadecuadas, incompletas e ineficaces”, en lo que percibían como una “abierta desconsideración hacia nuestro colectivo que ha sido legislada sin consenso y a espaldas de la Abogacía”.
Unos meses más tarde el órgano colegial expresó su malestar por la situación que atravesaban los letrados almerienses, que a efectos prácticos se habían quedado “sin posibilidad de tomar unas vacaciones o poder descansar durante el mes de agosto”, por la llegada de notificaciones a un colectivo que no había dejado de trabajar durante toda la pandemia, enfrentándose a una importante sobrecarga derivada de las medidas adoptadas y acordadas por las administraciones para la justicia.
Y, con todo, la actividad no ha cesado. Por ejemplo, en septiembre el decano Juan Luis de Aynat visita el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Purchena, solicitando que no se procediera a su cierre, ya que este recurso refuerza los elementos del servicio judicial y posibilita una mayor oferta de trabajo para los distintos despachos de abogados implantados en la zona norte de la provincia. Y por supuesto, a pesar de todas las limitaciones imputas por la mal llamada “nueva normalidad”, no faltaron los actos para celebrar a la patrona Santa Teresa.
Pero en estos meses los protagonistas reales han sido los abogados que han tenido que desempeñar su trabajo, muchas veces en precario y adaptándose sobre la marcha a las diferentes normativas, directrices y recomendaciones efectuadas por las autoridades sanitarias.
Fernando Ais
En algunos casos, la vida laboral ha tenido que coordinarse con la familiar en una situación insólita y nunca antes vista en nuestro país. Por ejemplo, el abogado Fernando Ais fue padre en aquellos duros días del confinamiento. “Ha sido complicadete, porque estar encerrado, con un crío tan pequeño, sin poder estar con la familia… Los abuelos son los que más lo sufren. A ello se suma un trabajo añadido, con mil modificaciones legislativas diarias en materia laboral y social, ha sido una locura. Es lo que tienes que hacer y tiras, no ha quedado otra”, relata el letrado.
El pequeño Alberto llegó a la vida de Fernando y su esposa el 25 de marzo. Apenas 11 días después de que se decretase el estado de alarma. “Estábamos en Huércal-Overa y te asustabas al ver cómo estaban preparando las habitaciones para que hubiese más camas. Hay un refrán que se me quedó grabado, el que dice que lo pequeño espanta y lo grande amansa. Cuando te ves en esta vorágine, es ir para delante o para delante. Te baja el nivel de estrés y lo afrontas con tranquilidad”, explica tras reconocer el trabajo “al pie del cañón” de un personal médico que ahora cuenta con EPI pero que entonces “los recuerdo hablar diciendo que no tenían esto o lo otro”.
A ello se sumaba la incertidumbre por la suspensión de plazos. “Un tema delicado” que provocó “bastante inseguridad jurídica”. “Nadie tenía una respuesta certera”, lamenta Fernando, quien subraya además la readaptación que se ha tenido que desarrollar durante todos estos meses. “Había que hacer más trámites online o por videoconferencia. Te ajustas. Era algo que tarde o temprano había que afrontar, aunque tal vez ésta no sea la mejor manera. Para algunas cosas se ha agilizado todo mucho, porque al hacer trámites online se han bajado ciertos requisitos”, apostilla.
Fernando suele trabajar en la jurisdicción social, por lo que sabe de primera mano que lo ocurrido con los ERTE “fue tremendo”. “Había mucha inseguridad. Establecían un procedimiento, a los dos días lo cambiaban y al tercero otro cambio más. Se aprobaban las cosas el día de antes. Aunque, al final, nos ha curtido a los que nos dedicamos a la Seguridad Social o al derecho administrativo.
Cambios que se unieron a su paternidad. “Como mi mujer estaba trabajando por las mañanas, cogí el portátil, hice una conexión remota con el servidor y trabajaba desde el salón con la criatura al lado. Con una mano de daba a la tecla Enter y con la otra movía el carro del niño. No me pesa, he disfrutado del crío en un momento así”, manifiesta.
Ahora la situación es “más relajada” y se comienza a “nadar en aguas más conocidas” pese a la carga de trabajo. “Como estamos viendo más cerca la luz al final del túnel, lo ves con más optimismo. A veces la carga de trabajo es más subjetiva. Tal vez ahora sea mayor pero te la tomas de una manera distinta”, concluye.
María Dolores García
María Dolores García es la diputada cuarta de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados. Su cuarentena también fue diferente y complicada debido a un cáncer de mama. “Lo mío es para escribir un libro. Me operaban el 13 de marzo y pensaba que me la iban a aplazar cuando se vio que la cosa venía complicadilla. Aunque nadie sabía en lo que nos íbamos a meter, ni de lejos. Me confirmaron esa fecha, me opero y aún no sabíamos que nos iban a confinar al día siguiente”, manifiesta.
Su gran preocupación era tener que “parar”. Cogió la baja hasta mediados de septiembre y tuvo que someterse a radioterapia tras someterse a esta cirujía reparadora. “Era de los menos agresivos, me he librado”, afirma la letrada. Aunque la crisis sanitaria ya se notó desde el principio porque recibió el alta el mismo día y las curas tuvo que practicarlas su hija porque no podía ir al centro de salud. “Es graduada en marketing y tuvo que realizar un cursillo acelerado de ATS y curarme todos los días dos veces”, señala. María Dolores, además, tuvo que ser operada de nuevo el 29 de abril a causa de un hematoma en el pecho intervenido.
A pesar de todo, considera que ha estado “la mar de entretenida” con el confinamiento. Aunque estaba de baja y no podía ir a juicios, guardias, etc., algo que lamenta, por vía telemática no ha faltado “ni a una sola Junta de Gobierno”. “Me conectaba, me medio arreglaba y participaba telemáticamente. Me daba la vida sentirme ocupada. Lo malo es que me sentía un poco inoperativa. Somos un servicio esencial. Los abogados tienen que seguir con sus guardias, asistiendo a detenidos. Todo eso ha seguido en marcha, sin mascarillas ni nada. El mismo decano tuvo que repartir mascarillas, otros compañeros fueron a hablar con los que iban entrando de guardia para apoyarlos. Ha sido titánico, un estrés por ir solventando cosas auténticamente sobre la marcha. Dentro de mi cargo me daba sensación de impotencia, de no poder echar una mano”, sostiene.
Ya en septiembre, se incorporó a su trabajo con la primera guardia que tenía señalada y el primer cambio que notó es que “se había retrasado todo muchísimo”. “Cosas que incluso se podían haber señalado o celebrado, se han suspendido. Aunque no critico, en los juzgados tampoco supieron adaptarse, no había ni mamparas. Al comenzar otra vez, al meterte en el juzgado de guardia o cuarteles de la Guardia Civil, siempre lo hacías con una sensación de inseguridad”, resalta.
Y meses más tarde su trabajo sigue “igual que antes” pero con diferencias sobrevenidas. Por ejemplo, en la Comisaría Provincial “ya no se pasea a los detenidos” para trasladarlos a un lugar diferente de los calabozos dónde recibir asistencias letradas. Ahora hay que hacerlo en las propias celdas, en un espacio sin ventilación. Algo que también sucede en el juzgado de guardia, “que es un zulo”. Mientras que en las salas de juicio, “en algunas hay ventilación y en otras no”.
Enrique Ocaña
Por motivos personales, el letrado Enrique Ocaña tuvo que pasar el confinamiento en Fiñana, pueblo de sus padres. Poco antes había adquirido allí una vivienda en el Barrio Alto y cuando quedaba una semana para el confinamiento comenzó unas obras en el inmueble. “Realmente estaba confinado allí de lujo. Estaba en la casa de mis abuelos y muchas veces hacía las cosas por videoconferencia”, explica.
Aunque “despertarse con los pájaros todos los días” y levantarse al alba tras acostarse temprano, sumado al poder atender a sus padres, compensaban, no todo era perfecto. “Complicaciones ha habido. Había gente muy predispuesta a solucionar los problemas que tenemos por videoconferencia, WhatsApp, teléfono… Luego había gente que no. Cada juzgado tiene su juez. Como se dice, cada maestrillo tiene su librillo”, añade.
Incluso en esos casos, como “la carretera es buena”, tardaba en llegar a la capital almeriense unos tres cuartos de hora. Esas bajadas le sirvieron para “tomar contacto con la realidad”, ya que en Fiñana todo se vivía de otra manera. “Allí no hubo ningún contagio en la época de confinamiento”, recuerda.
En su caso, que atiende especialmente asuntos penales, notó cómo habían aumentado delitos sin grandes penas. “Por ejemplo, resistencia a la autoridad, desobediencia… Delitos propios de la situación. Esos delitos, en mi caso, aumentaron mucho. Aunque otros han descendido y se ha notado algo de parón. Claro que los juzgados han estado parados. Había guardias que eran un poco más para salvar el expediente. Ahora cuando llegas hay gel, mascarillas, mamparas. Antes no, eso ha evolucionado”, relata.
También considera que está siendo “un poco una locura” el acceso a las sedes judiciales. “Ir para algo concreto, con cita, sin poder hablar directamente con el funcionario. Todo es mucho más engorroso. Y si la justicia era lenta, al poner esas trabajas, ya es súper lenta. Si la tendencia natural de algunos juicios era la de suspenderse muchas veces, ahora es raro encontrar alguno en el que alguien no tenga Covid. O que no funcione la videoconferencia con un perito, que se caigan los servidores…”. Con todo, se queda con lo positivo de esta experiencia, esos meses en Fiñana en los que pudo “desconectar, conectar con la naturaleza, pasear por la sierra sacando lo bueno de lo malo”.
Francisca Caparrós
No todos los juzgados funcionan igual, ni todas las sedes judiciales presentan un mismo equilibrio. Bien los saben los letrados del Levante almeriense, como Francisca Caparrós, que durante el confinamiento pudo abordar con el decano Juan Luis de Aynat algunos de los problemas a los que se enfrentaban sus compañeros. Por ejemplo, durante la pandemia no podían esperar dentro de los juzgados de Vera, sino que tenían que hacerlo en la calle.
“Adaptarnos, hemos tenido que adaptarnos todos. Es una labor de unos y de otros. Pero no puede ser que no lo haga uno y exija a los demás. Si hay teletrabajo, hay teletrabajo para todos. Si hay que funcionar por teléfono, no me digas que llame mañana. Si ya de por sí había atasco, que genera malestar entre los profesionales, no puede ser que añadas aún más malestar”, dice.
“Incertidumbre”, “miedo”, son algunas de las sensaciones que más se repetían. Algo que afortunadamente ha quedado, en gran parte atrás, aunque en Vera “si ya había cola, un atraso judicial terrible”, en el presente este asunto se ha visto agravado. “Se crean juzgados pero no se quita volumen, sigue aumentando en lugar de disminuir”, asegura la abogada.
Como en otras sedes judiciales, al principio de la pandemia los medios de protección eran escasos, por no decir nulos. Resalta la labor de Mari Carmen Rojas, “la voz en el Colegio” de estos abogados del Levante, que facilitó alcohol, mascarillas y otros elementos a disposición de los letrados cuando se pudo regresar a los juzgados.
“Luego el problema ya no estaba en tener que esperar en la calle. No, el problema está dentro de los juzgados, porque no hay agilidad judicial ni atención. Aunque hay funcionarios que son un encanto. La situación ahora mismo es igual. Es lo mismo precovid que postcovid. Nos hemos ido acostumbrando a todo. Si había retraso, ahora se suma mucho más. Quiero pensar que ha habido teletrabajo pero todo se ha atrasado mucho más”, afirma.
Ella también tuvo su momento sanitario. Su padre pasó una neumonía y salieron “de Huércal-Overa con el bicho a las espaldas”. “Vivimos de manera peculiar. Me confiné en mi casa, sola. A nivel de vivencias no hubo nada excepcional pero sí el agobio. No estás acostumbrado a permanecer en casa hasta que te habitúas. Luego, por un grupo de WhatsApp, hablábamos -diferentes abogados- lo que nos esperaba después. Estábamos casi todos en el turno de oficio y eso nos generaba más miedo que la vuelta al juzgado, por lo que se comentaba de los cuarteles. He vivido miedo por mis padres y por la sensación de estar solos”, concluye.
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