"En diez años no habrá dinero físico, lo sustituirán las criptomonedas"

El Master online en Derecho y Nuevas Tecnologías ha celebrado su primer seminario en la Universidad de Almería y en él se han tratado cuestiones que para el común de los ciudadanos puede sonar a ciencia ficción, pero que están operando hoy en día y se generalizarán. Es el caso de las criptomonedas, el bitcoin y la tecnología Blockchain. Pablo Fernández Burgueño, fundador de Nevtrace, Escila y Abanlex, e integrante de los grupos de expertos de Europol en criptomonedas, asegura que “la moneda tradicional física desaparecerá en el plazo de diez años y será sustituida por la moneda virtual”. Esta frase la desarrolla en el sentido de “no serán bitcoin, que ya operan en transacciones comerciales, pero sí criptomonedas emitidas por un Estado o por el Banco Central. El primer paso será la tarjeta electrónica y después estas criptomonedas creadas por los propios países”.

Pablo Fernández ha enlazado esta idea con la tecnología Blockchain, que ha explicado a los alumnos del Máster organizado por el grupo de investigación SEJ-235 de la Universidad de Almería y Universitas Legis, y coordinado por el profesor Ramón Herrera. “Blockchain es una base de datos distribuida. Consiste en un archivo en donde se van escribiendo códigos que en vez de estar en un solo ordenador, en realidad está repetido en todos los ordenadores que están conectados a la red, los cuales comparten la misma base de datos. Cuando se hace una inscripción o un anotación en una de las bases de datos se replica y se repite en todos, así que todos los ordenadores tiene esta base de datos completa e igual, y no se puede borrar”. El emprendedor tecnológico afirma que “las criptomonedas están basadas en la tecnología Blockchain, la cual, entre sus ventajas, evita intermediarios”.

Defraudadores por medios informáticos en Almería

El seminario, coordinado por Ramón Herrera, también ha contado con una conferencia sobre ‘Defraudaciones por medios informáticos: Cuestiones penales y procesales’, por David Calvo López, Fiscal Delegado de Delitos Informáticos de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería. En esta línea, el fiscal ha aportado el dato que “en el año 2017 en Almería hubo 800 denuncias por delitos informáticos, de las cuales el 60% eran por estafa”. Los casos más habituales son por cargos en la tarjeta que no se han autorizado o compras online de artículos que no me han entregado. El 40% restante de los delitos informáticos suelen ser por delitos contra la intimidad, daños informáticos y pornografía infantil.

El fiscal David Calvo afirma que “normalmente suelen ser estafas de poca cantidad, el delincuente informático sabe que hasta 400 euros esa estafa es un delito leve, que tiene una pena de una multa y que si supera los 400 euros ya las penas son mucho más severas”. Por eso, el fiscal aconseja “precaución a los ciudadanos a la hora de realizar el pago online, y que los sistemas informáticos que tenemos en casa estén protegidos, es decir, tener los sistemas actualizados, no tener programas piratas, y, por último, prudencia con los correos electrónicos que solicitan datos sospechosos, como contraseñas o tu código PIN del banco”.

Delitos contra el honor en las redes sociales

El tercer ponente del Master en Derecho y Nuevas Tecnologías, celebrado el pasado viernes en la UAL, ha sido David Morillas Fernández, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia y decano de la Facultad de Derecho, que ha hablado sobre los delitos contra el honor en las redes sociales.

Considera que “las leyes van por detrás en este tema. Pero aquí hay un punto que es complejo, pues la sociedad quiere impunidad absoluta o pide pena de prisión máxima y yo creo que ahí está el problema de estos temas. No es tanto evitarlo, obviamente hay conductas que se deben castigar, pero parece que pasamos de lo blanco al negro y no hay termino intermedio”.  El catedrático afirma que “hemos avanzado bastante con la última reforma del Código Penal, la cual permite a los jueces y fiscales que soliciten cerrar una red social o cuanto menos redirigir el acceso a una información. El legislador está siendo consciente de ese problema y está yendo un poquito más allá y está empezando a legislar con criterio en este ámbito”.

Cuando una persona sienta que se le ha dañado al honor en las redes sociales, “lo primero que tiene que hacer es estudiar si va por la vía civil o por la vía penal y el derecho penal debe de estar pactado para los supuestos más graves, porque es la máxima protección. Estamos hablando de los casos más extremos, el resto debe reconducirse por la vía civil”.