27 de febrero de 1985. Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, detenían en la capital al subcomisario de Policía, José Martínez acusado de tráfico de estupefacientes. Le esperaban en la calle Calzada de Castro, cerca del bar Alhambra, esperando el momento de intervenir. En el bar, José López había entregado un maletín al agente, donde se encontraron 980 gramos de cocaína.
Martínez, fue abordado cuando se disponía a abrir las puertas de su vehículo estacionado a una decena de metros del establecimiento. El teniente Alías y varios agentes más le cortaron el paso. El subcomisario de inmediato se identificó como policía y tras un breve intercambio de palabras fue conducido hasta la comandancia. El maletín permanecía depositado en las dependencias del Servicio de Información.
El policía no tuvo dificultades para abrir el maletín ya que la clave coincidía con su número de teléfono. Martínez, rechazó la acusación de traficante afirmando que desconocía el contenido del maletín alegando que creía que solo llevaba documentos. Pero fue a más. Aseguró que se limitaba a cumplir un servicio especial, de índole político.
Martinez afirmó que pidió a un senador que hiciese llegar hasta Madrid los documentos. Los folios mecanografiados y escritos de manera farragosa llegaron a Madrid y una vez examinados por los especialistas de la Seguridad del Estado, consideraron que su contenido carecía de importancia.
López el hombre que le dio al subcomisario el maletín se entregó a la Guardia Civil, al conocer detalles pormenorizados de lo ocurrido prestando declaración ante el juez, admitiendo qua tuvo contactos como intermediario sin comprobar su contenido, dado que tenía la certeza que solo iban documentos y no cocaína. Quedó de inmediato en libertad.
José Martínez, fue expedientado e ingresó en prisión el 7 de marzo de 1985 permaneciendo hasta el 4 de junio, que fue decretada su libertad bajo fianza de medio millón de pesetas. El informe analítico reveló que el producto del maletín contenía un 0´9 por ciento de cocaína. El juicio contra el subcomisario se inició el 24 de mayo de 1988.
En la primera sesión Martínez se ratificó en que estaba realizando un servicio por indicación de Presidencia del Gobierno, negociando un indulto a cambio de información comprometida. El policía afirmó que fue víctima de una trampa.
El capitán Alias al mando de los agentes que lo detuvieron manifestó que éste le ofreció 10 kilos de cocaína para arreglar el asunto y en la tercera jornada, el fiscal rebajó la pena de seis a cuatro años de prisión. El 3 de junio de 1988, la Audiencia Provincial condenó a dos años y seis meses de prisión y multa de un millón de pesetas al subcomisario Martinez.
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