Un extraño y variopinto caso de muerte en extrañas circunstancias tuvo lugar el 3 de mayo de 1987 donde sin convincentes explicaciones murió alevosamente Jesús M. P un joven de 27 años de camarero del pub "Venta de Pepe" en Mojácar cuyo cadáver apareció en el borde de la carretera Mojácar‑Garrucha, a unos 300 metros del local donde trabajaba. El cuerpo, según determinó la autopsia presentaba numerosos golpes y hematomas junto a una herida punzante en uno de los muslos junto a los genitales.
En sus manifestaciones ante la Guardia Civil, el dueño del local, Alberto M. de 35 años de edad de nacionalidad angoleña, declaró que el camarero, después de sostener con él una fuerte salió a la calle y se aferró al capó de su coche en marcha, cuando se disponía a denunciarle por alterar el orden en su local tras un incidente con un cliente.
Según esta persona, que fue detenido posteriormente por la Guardia Civil el camarero murió al caerse de su coche y otro vehículo que circulaba en sentido contrario atropellarle dándose a la fuga sin que el conductor fuese nunca localizado.
La autopsia reveló que la herida que el fallecido presentaba en el muslo derecho a la altura de la ingle, de unos cinco centímetros no tenía nada que ver con la muerte del camarero dado que ésta no se había producido recientemente. El fallecido llevaba en la ropa, una indeterminada cantidad de sustancias estupefacientes.
El dueño del local estuvo nueve meses encarcelado en El Acebuche, quedando en libertad en marzo de 1988 al no poderse demostrarse fehacientemente su participación en esta muerte.
El desaparecido abogado Darío Fernández acusó entonces a la Guardia Civil de destruir prendas del fallecido que hubiesen constituido pruebas esenciales para el del caso.
Para Álvarez, un sargento de la Guardia Civil, destruyó piezas de convicción en relación con la muerte del camarero. El acusado-en versión de letrado- siempre sostuvo que tras discusión verbal entre ambos, llamó al cuartel de la Guardia Civil y ante la falta de una respuesta optó por ir en su coche hasta la casa cuartel, mientras el camarero excitado le retaba a una pelea en la playa. Al no hacerle caso a la provocación subió a su coche para dirigirse al cuartelillo con la intención de denunciar los hechos. El camarero se subió al capó del coche aferrándose a los limpiaparabrisas. De esta forma el coche recorrió unos dos kilómetros a reducida velocidad. A
l llegar a una curva- según declaró el acusado - el muchacho perdió el equilibrio cayendo por el lado izquierdo momento en que un coche que circulaba en sentido opuesto lo atropelló. Darío Álvarez solicitó distintas pruebas entre ellas la reconstrucción de los hechos y examinar los pantalones vaqueros que esa noche llevaba la víctima y que no aparecieron. No estaban en el juzgado ni siquiera en el nicho. De forma casual durante sus indagaciones el letrado contactó con el sepulturero manifestando que un agente de la Guardia Civil se le presentó para que por orden del juez le entregase los pantalones de la víctima y que se habían quedado en la sala de autopsias. El sargento respondió ante las autoridades judiciales que quemó dicha prenda con cerillas en un descampado no recordando el lugar. Ni rastro de botones ni de la cremallera metálica. Una prueba concluyente que determinaría la existencia o no de esa “supuesta” puñalada cuyo rastro quedaría en el pantalón. La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería condenó a Alberto M. y en el recurso de Casación interpuesto por el letrado Darío Fernández, el Tribunal Supremo la revocó, rebajándola prácticamente al tiempo que esta persona permaneció ingresado Acebuche en calidad de preso preventivo saliendo en libertad.
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