La histórica gestión urbanística

Esperábamos expectantes en el convento de las Puras a Gerardo Roger Fernández Fernández, arquitecto y urbanista de dilatada trayectoria. Su título: Modos de gestión en los centros históricos. Muchos profesionales de la arquitectura así como vecinos de nuestra ciudad, acudimos interesados por las respuestas sobre el desarrollo de nuestro patrimonio.

Gerardo, acompañado por la presidenta de la asociación de Vecinos del Casco Histórico, Magdalena Cantero, comenzaba su intervención recordando al aforo que fue muchos años arquitecto del Ayuntamiento de Almería, donde aseguraba, aprendió el grueso de su oficio, que desarrolla desde el año 1973, y actualmente radicado en Valencia. 

La Constitución del 78

Artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Sorpresa mayúscula. Después de ser testigos de la especulación salvaje a la que España se ha sometido en los últimos 40 años, de la mano de nuestra Carta Magna, resulta que ella llevaba escrito en la frente la etiqueta de salvaguarda. 

La década prodigiosa 1998-2007

La era del presidente Aznar, donde se cambia la Ley de Suelo para liberalizar la construcción en mucho del terreno No Urbanizable hasta entonces en España, genera lo que se llamó la burbuja inmobiliaria, esa que nos estalló en la cara en el límite del año 2007 en forma de crisis y que se llevó por delante a muchos muertos. La demanda endógena que siguen todos los países civilizados, es la de la construcción de 7/8 de viviendas de primeras residencias cada 1000 habitantes por año. Se estima que España duplicó las necesidades en esa década, donde el valor del suelo subió de media un 500 % y un 150 % el de la vivienda, generando un volumen a unos precios desorbitados, y que tampoco han bajado cuantitativamente. Después de 12 años de aquella desgracia nacional con un desarrollo urbanístico puesto a disposición de la especulación salvaje con nombres y apellidos, esta es la fecha que no hay una estadística fiable de cuántas viviendas quedan por vender en nuestro país, y por ende, cuánto seria lo razonable a desarrollar, fundamentalmente porque no hay cultura, ni inquietud política por recabar esta información tan valiosa que no tiene mucha dificultad ni coste en materializarse. Todos los estamentos se encogen de hombros. Las provincias más castigadas por la década prodigiosa, directamente proporcional a la urbanización de borrachera que se vino a implantar en sus territorios fueron: Guadalajara, Toledo, Castellón y Almería. 

Herramientas de gestión

A partir del 2007 el gobierno del presidente Zapatero le encarga a un equipo redactor, entre los que estaba Gerardo, que se cambien las premisas legales urbanísticas para revertir todas aquellas leyes que han permitido convertir miles de hectáreas de patatales en urbanizaciones fantasmas (algunas verdaderas ciudades), creando mecanismos que garanticen el reparto de obligaciones y plusvalías que genera el desarrollo del suelo entre los propietarios y las administraciones, donde el ciudadano sea beneficiario tanto como los integrantes del proceso constructivo. Y la realidad es que hace más de una década que existen estos mecanismos, que permiten la gestión racional y mucho menos farragosa de los cascos históricos, hasta entonces muy precaria, donde con herramientas simples, las corporaciones recuperarían, entre otras cosas, su capacidad de gestión del Suelo Urbano Consolidado. Así se vela para que aparezcan los equipamientos necesarios para los habitantes de los cascos antiguos y que la especulación económica no suponga un desplazamiento social de clases pudientes sobre las clases trabajadoras, a la hora del acceso a una vivienda en el centro. Para ello pueden hacer valer figuras legales tan interesantes como: vincular la propiedad publica y privada dentro del mismo solar con la aplicación de la Propiedad Horizontal, imponiendo la existencia forzosa de un porcentaje de viviendas de protección oficial, sin límite de clasificación temporal en las nuevas promociones. También los ayuntamientos pueden sacar a concurso el derecho constructivo de una parcela o una rehabilitación en casco urbano, si su propietario no lo ejecuta en un plazo establecido, promocionando de esta forma la modernización y habitabilidad de los cascos históricos. Las asociaciones de vecinos y los colegios profesionales tienen derecho ahora a opinar en el proceso, no dejando la decisión de los cambios de las ciudades exclusivamente al político y técnico de turno, lo que aporta transparencia al proceso transformador de nuestros tesoros patrimoniales.

Cultura Urbanística

Y la constatación de mecanismos legales que regulan una gestión urbanista racional es reconfortante. Pero, todos sabemos, Gerardo así lo reconoce, que después de 12 años de creación de estas nuevas leyes, vivimos en un oscurantismo urbanístico de la mano de nuestros políticos y urbanistas. Es decir, cuando él propone soluciones racionales y justas que supongan el reparto equitativo entre obligaciones y plusvalías, se encuentra de cara con la ignorancia, la reticencia y  la abulia de un país, todavía en estado de resaca sobre los años del pelotazo urbanístico, muy lejos del sentimiento de comunidad que disfrutan todos los países de la llamada Europa de la primera velocidad. ¿Y cómo se lucha contra esta apatía nacional? Esa es la pregunta que queda en el aire. Entonces es cuando una se marcha del convento de las Puras teniendo la sensación de haber visto a Don Quijote luchando en solitario contra los molinos de viento, que son gigantes, amigo Sancho.