La Junta denuncia la falta de documentos que acrediten la reutilización de las fosas

“Hemos estado buscando el horror y hemos encontrado algo peor”. Es la primera frase que pronunció ayer el representante de la Oficina de Vicepresidencia de la Junta en Almería, Rafael Salazar, en el encuentro informativo en el que dio a conocer el resultado de los trabajos que un equipo de arqueólogos ha llevado a cabo durante dos semanas en el Cementerio de San José y Santa Adela de la capital con el propósito de exhumar los restos de al menos seis represaliados.

Salazar defendió el rigor de la intervención llevada a cabo por historiadores y arqueólogos de contrastada solvencia y denunció la falta de documentos que acrediten la reutilización de las fosas en las que debían descansar los cuerpos de las víctimas del franquismo. “Buscábamos restos de fusilados y ahora resulta que sus tumbas también fueron profanadas”, expresó.

Restos posteriores
Los restos hallados en las dos fosas que los arqueólogos han podido abordar antes de encontrar evidencias de que no se correspondían con lo que buscaban son de una época posterior a la de los represaliados. Según el arqueólogo director de la actuación, Juan Luis Castro, datan de entre 1960 y 1975, y dado que no presentan signos de violencia y sí de haber sido ritualizados, probablemente se trate de enterramientos de caridad de personas sin recursos o recién nacidos fallecidos antes de ser bautizados. “Por la presencia de ataúdes y vestigios propios de hospitales o sanatorios, estamos ante enterramientos de beneficencia”, indicó.

Pero la cosa no queda ahí. Bajo los primeros esqueletos han hallado pruebas de esa remoción de restos con cráneos que permanecen al lado de fémures de otros individuos. “Estamos hablando de numerosos restos óseos revueltos, por lo que es difícil determinar de cuántas personas se trata. Parece que el primer desmantelamiento de fosas se produjo en torno a 1955 y, a partir de ahí, habría habido varios”, subrayó el arqueólogo. 

Juan Luis Castro explicó que el ‘modus operandi’ consistía en reutilizar las fosas en función de las necesidades que surgían, de modo que todos los enterramientos en tierra del primer recinto del cementerio fueron amortizados con una única excepción, la de aquellos donde descansan las víctimas del bando nacional. Es decir, la remoción de los restos fue selectiva.

“Lo más triste es que a pocos metros de donde debía estar mi padre haya restos sin profanar por el simple hecho de ser de derechas”, apuntó Francisco Ortega, hijo del alcalde republicano de Gádor Torcuato Ortega y presidente de la Asociación Memoria y Libertad.

Sin rastro documental
Por si el desmantelamiento de las fosas y el movimiento sin control de restos no fueran lo suficientemente graves, a estas prácticas cuando menos ilegítimas hay que sumar la falta de documentos que las acrediten, así como el hecho de que nunca se comunicaron a las familias. 

“Hace diez años que se solicitó la intervención y en este tiempo el Ayuntamiento nunca ha aportado a la Junta información relativa a realojos o exhumaciones de las fosas cuando la competencia de los cementerios y de los enterramientos es municipal”, señaló el representante de la Oficina de la Vicepresidencia, Rafael Salazar.

Desde la Junta barajan la hipótesis de que la inexistencia de pruebas documentales se deba a una destrucción de las mismas en época predemocrática a objeto de ocultar los crímenes franquistas.

El Ayuntamiento contesta
Tras conocer las acusaciones vertidas por la Junta, el concejal de Salud y Consumo de la capital, Carlos Sánchez, adelantó a SER Almería que hoy viernes 4 presentará los documentos que demuestran que la administración regional estaba al tanto de que los restos de los represaliados ya no descansaban en sus fosas. La convocatoria está prevista para las 10 de la mañana.

“Me quieren meter en la cárcel por unos hechos que sucedieron antes de que yo naciera”, ironizó el edil.

“Es difícil que el hallazgo sea judicializado”
“Es difícil que el hallazgo sea judicializado”. Así de contundente se mostró ayer el arqueólogo director de la intervención en el Cementerio de San José de Almería, Juan Luis Castro, en referencia al hecho de que las fosas han sido reutilizadas.

Una vez constatado, ¿qué margen de maniobra tienen las familias de los represaliados? Según trascendió ayer en la rueda de prensa, éstas se reunirán en breve y acordarán si emprenden alguna medida. “La familia de Martín Márquez [alcalde republicano de Cuevas] quiere que abramos su fosa, pero ésta tiene un problema añadido y es que se encuentra debajo de unos nichos”, expresó.

El presupuesto total de la intervención ascendía a unos 15.000 euros, cantidad que se reducirá por este giro inesperado de los acontecimientos.

Desde el inicio de los trabajos, se han presentado catorce peticiones para la recuperación de restos. Sin embargo, la amortización de las fosas impediría que se inicien nuevos procesos.