Represión económica en la Andalucía de la posguerra

La historiografía andaluza se ha detenido, y mucho, en la represión física y las depuraciones profesionales durante la posguerra. No así en otro tipo de represión, la ecónomica, de la que sólo en la región se conservan cerca de 60.000 expedientes. Un libro cubre ahora esta laguna. Se titula ‘El botín de guerra en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945’ y se presentó el miércoles en Almería.

“Desde que se inicia el levantamiento contra la República, empiezan las incautaciones y los saqueos indiscriminados, primero a las casas de los dirigentes republicanos y luego a las de la gente de a pie. Esta maquinaria se fue perfilando y en septiembre del 36 ya estaba totalmente sistematizada”, apuntó el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería (UAL) Fernando Martínez, que ha coordinado la obra junto a Miguel Gómez y Antonio Barragán.

Según el especialista almeriense en memoria histórica, esa represión económica iba dirigida a aquellos que representaban la “anti España”: liberales, gente de izquierdas o personas vinculadas a algún sindicato. “La represión fue tan tremenda que las propias comisiones decían que era imposible cuantificar los bienes incautados. Y eso que sólo hemos podido acceder a los expedientes que pasaron por las comisiones, hay otro conjunto difícil de conocer”, sostuvo.

Cuando en 1939 se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas, se abren infinidad de expedientes. “Era una fuente de legitimación del régimen y permaneció vigente hasta el año 1945, porque era un texto insostenible en el panorama internacional tras la Segunda Guerra Mundial”, explicó. 

Rigor y colaboración
El acto contó con la asistencia del director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez, que subrayó dos aspectos del proyecto: el rigor científico (“durante cinco años, se han trabajado más de 300.000 documentos”) y el principio de colaboración (“en el libro colaboran la Junta, nueve universidades públicas y 44 investigadores”). Giráldez criticó la ausencia de un actor que no colabora en temas de memoria “desde hace cuatro años y es el Gobierno de España”. 

El volumen incluye un CD con 60.000 expedientes de andaluces represaliados, al alcance de cualquier interesado.