Dos funcionarios de la Jefatura de Tráfico de Navarra han sido condenados a dos años de prisión por manipular y alterar expedientes para evitar que pagaran multas de tráfico conocidos exfutbolistas de Osasuna o empresarios. La condena, que ha adelantado Diario de Noticias de Navarra, tiene fecha de 30 de octubre y ha sido acordada entre las partes, por lo que es firme, aunque los funcionarios no ingresarán en prisión al no tener antecedentes.
Según la sentencia, que ha sido hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), los funcionarios, que ocupaban las responsabilidades de jefa de sección y jefe de negociado en la Jefatura de Tráfico, alteraron sanciones impuestas a más de veinte personas, llegando a manipular expedientes de otras jefaturas provinciales. Exjugadores de Osasuna como Javier Camuñas, Walter Pandiani, Ludovic Delporte, Roversio Rodrigues y el gerente del club, Ángel Vizcay, y empresarios como Manuel Entrecanales (Acciona) estarían entre las personas beneficiadas, al no pagar las multas (de hasta 500 euros) por exceso de velocidad, reducir su importe o no perder puntos.
Los funcionarios condenados, que fueron detenidos en marzo de 2011 y se encontraban en libertad provisional, fueron acusados de los delitos continuados de prevaricación, falsedad en documento oficial y daños informáticos. La investigación comenzó tras una denuncia interpuesta por la Dirección General de Tráfico contra los dos condenados, M.T.L.E, que actualmente se encuentra jubilada, y J.J.C.S., de 53 años, que se encuentra en situación de baja laboral y quedará inhabilitado cuando se incorpore, según han señalado a Efe fuentes de la administración. Los funcionarios, según la sentencia, realizaron manipulaciones anómalas y fraudulentas en las aplicaciones informáticas que utilizaban en su trabajo cotidiano, llegando a anotar alegaciones y recursos contra la sanción que no habían presentado los infractores.
Según la sentencia, registraban "trámites procedimentales falsos o alteraban mendazmente campos de la aplicación informática", como DNI, matrículas, importes de multas o domicilios, "muy relevantes para el seguimiento de las sanciones o de los infractores". De esta manera, y desde sus respectivos puestos de trabajo, impedían la normal tramitación de las multas, "con lo que ralentizaban la tramitación del expediente o incluso su completa paralización", según indica. En el acuerdo de condena, ambos funcionarios, que han abonado sendas indemnizaciones de 12.000 euros a la Dirección General de Tráfico (DGT), han sido multados a 1.500 euros cada uno e inhabilitados para ejercer cargo público.
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