Comunicado del CSD sobre la huelga

En respuesta al de la RFEF

El CSD responde a la RFEF.
El CSD responde a la RFEF.
Agencias
22:03 • 06 may. 2015

“El Consejo Superior de Deportes, tras el cambio de opinión de la RFEF y la AFE sobre la aprobación del Real Decreto - Ley que regulará los derechos de televisión en el fútbol español, quiere manifestar los siguientes puntos:




El Real Decreto-Ley de comercialización de los derechos televisivos del futbol profesional ha supuesto el mayor logro histórico en la defensa de los intereses de los futbolistas y clubes y garantiza que el fútbol español pueda alcanzar cotas de explotación, de rentabilidad y sostenibilidad impensables hasta ahora.




La necesidad de esta reforma era una exigencia unánime de todos los sectores implicados. Se ha tardado más de 20 años en conseguir este acuerdo histórico, exigidos por los futbolistas, a través del sindicato AFE, los organizadores de las competiciones, Liga y RFEF, que demandaron al Gobierno una solución urgente para negociar los derechos televisivos en un marco estable, transparente y de optimización económica. Reequilibra la competición entre los clubes de Primera División, permitiendo reducir los ratios diferenciales entre clubes.




Este nuevo acuerdo permitirá un incremento de la masa salarial repartida por los clubes que, en el caso de la Segunda División, verá duplicados los porcentajes que ahora percibía. Los clubes de Primera división femenina y los de Segunda B se aseguran unos ingresos de cinco millones de euros al año. En un escenario económico prudente se recaudarán más de 1.000 millones de euros, que los clubes vienen destinando en casi un 70% a sueldos y retribuciones de jugadores. Mejorarán sus condiciones económicas, permitirá incrementar los fichajes de nuevos futbolistas y, en definitiva, consolidará una industria relevante para nuestro país. Los clubes podrán sanear sus cuentas, pagar las deudas insostenibles en la actualidad con la Hacienda Pública y la Seguridad Social y retener el talento de jugadores que tenían que abandonar nuestros clubes en busca de Ligas más rentables.




Garantizar los salarios, saldar las deudas, sanear las cuentas y ofrecer transparencia al mercado son las claves de un control económico que se hace imprescindible para asegurar la viabilidad de una actividad económica de primer orden.




La norma aprobada el pasado día 30 de abril supone, además, un ejemplo de solidaridad interdeportiva que la sitúa a la vanguardia de los países de nuestro entorno: permitirá que más de 4.000 deportistas de alto nivel de otros deportes vean satisfechas sus cotizaciones a la Seguridad Social, y de modo particular, dignificando el futbol femenino.




El Consejo Superior de Deportes pide altura de miras en el análisis de las consecuencias reales que traerá esta norma, y exige no confundir a deportistas, clubes y aficionados con falsas reivindicaciones, que no hacen más que ocultar verdaderos intereses espurios, a todas luces inconfesables. Los deportistas no se verán perjudicados, los clubes tampoco, ni siquiera los estamentos federativos territoriales.




El Consejo Superior de Deportes ha encauzado en todo momento las peticiones de la RFEF –comunicado de 7 de abril de 2015- que solicitaba tras su Junta directiva “la promulgación con carácter urgente de un Real Decreto Ley que regule la comercialización unificada de los derechos audiovisuales y su reparto solidario con todo el fútbol español”. Igualmente, el CSD ha impulsado el contenido comunicado oficial de AFE tras la reunión de capitanes -16 de abril de 2015-, donde manifestaba que “los futbolistas apoyan, junto RFEF, LFP y clubes profesionales la regulación urgente de la venta centralizada de los derechos de competición profesional, disminuyendo las cantidades existentes”. Por eso, y tras esta urgencia en la petición de este decreto – ley por parte de RFEF y AFE, desde el Consejo Superior de Deportes no se entiende su cambio de actitud en las últimas horas.


El resto de motivos aducidos hoy por la RFEF son una suma de excusas para justificar un enfrentamiento continuo, que tiene como única base el interés de la RFEF en no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley”.



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