El presidente de FAECTA, Luis Miguel Jurado, ha valorado esta mañana el anuncio realizado por la Junta de Andalucía de incorporar las cláusulas sociales a los pliegos de licitación pública, destacando que “estamos ante una medida que debe facilitar el acceso de las empresas que, como las cooperativas, apoyan su gestión en criterios de sostenibilidad, participación, democracia, igualdad y responsabilidad social”. En ese sentido ha manifestado que “FAECTA lleva varios años participando y haciendo propuestas en un grupo de trabajo con la administración para conseguir una contratación pública más responsable”. “Sin embargo, lamentamos que la Junta no haya contando para la puesta en marcha de estas medidas con un sector, el cooperativo, que ha hecho de la aplicación de las cláusulas sociales una reivindicación histórica, como así se ha transmitido en múltiples ocasiones a la Junta de Andalucía” matiza.
Para FAECTA, la administración tiene el compromiso de ejercer una contratación pública que potencie la rentabilidad social y respalde, como recoge el Estatuto de Autonomía, a las cooperativas por ser empresas democráticas y participativas que ejercen unas prácticas responsables, que crean empleo estable, que tienen integrado en su ADN los principios de la igualdad de género y que facilitan la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión. Las cooperativas son empresas que no deslocalizan la producción, que favorecen la cohesión social y territorial vertebrando el territorio y favorecen la redistribución de la riqueza.
“Creemos que estamos ante una medida necesaria que debe propiciar una contratación pública que apoye a las empresas que como las cooperativas generan empleo estable, sostenible y de calidad” explica Jurado, incidiendo en que las cooperativas son verdaderas aliadas de la administración para la prestación de servicios públicos de calidad.
Respecto a la guía presentada por la Junta, la Federación señala que es necesario ampliar y profundizar en la aplicación de las cláusulas sociales para que sus resultados se noten en la creación de empleo, el respeto de los derechos laborales y los criterios medioambientales, así como la creación de una cadena de corresponsabilidad entre administraciones públicas, agentes sociales y sector privado, contando con las cooperativas andaluzas.
Entre las cuestiones que es necesario incorporar, está el hecho de contar con empresas participativas y democráticas, en las que los propios trabajadores y trabajadoras toman las decisiones y participan en la gestión. Jurado ha señalado que la ampliación de las cláusulas sociales redundará en el beneficio de la ciudadanía como receptora de estos servicios y en una mayor participación de las cooperativas en la contratación pública.
Cuando se hagan efectivas estas medidas las cooperativas podrán acceder con mayores garantías a las licitaciones de la administración puesto que “todas las cooperativas compartimos una misma escala de valores y podremos hablar de una verdadera contratación pública responsable que prima la rentabilidad social por encima de criterios meramente económicos, aspectos a tener en muy en cuenta en todas las actividades y especialmente en aquellas relacionadas de forma directa con la atención a las personas”, ha explicado Jurado.
La Federación también recuerda que la Ley de Cooperativas Andaluzas 14/2011, en su artículo 116 (puntos 2 y 6) refleja que aunque el pliego de condiciones en las licitaciones no lo recoja expresamente, la Ley establece que en caso de empate tienen prioridad las cooperativas frente a otros modelos de empresas y que solo tendrán que aportar el 25% de la fianza.
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