“Las bodegas que no cumplan la Ley de la cadena alimentaria y no firmen contratos ajustados a la normativa con los viticultores no deberían acceder a los fondos europeos para la promoción de vino”. La organización agraria UPA ha defendido esta idea ante la reticencia de muchas bodegas a firmar contratos con los agricultores, tal y como establece la Ley.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha propuesto al Ministerio de Agricultura que, en la siguiente campaña de vendimia, se tenga en cuenta el comportamiento de las bodegas españolas con los viticultores a la hora de otorgarles ayudas a la promoción en terceros países, fondos que en el actual periodo ascienden a 50 millones de euros al año. En una reunión ayer en la sede de este departamento, los responsables de Agricultura calificaron de “lógica” la propuesta de UPA.
“Si los agricultores hemos de cumplir estrictos requisitos para acceder a subvenciones públicas –como las ayudas de la PAC-, la exigencia al siguiente eslabón no puede ser menor”, han asegurado desde UPA. “El apretón de manos debe ser cosa del pasado, los contratos por escrito son obligatorios en el sector agrario desde hace varios años, pero algunas industrias se resisten a aceptarlo”, han afirmado.
Esta organización cree también que además de promocionar el vino en otros países, España tiene que fomentar el consumo interno: “el consumo moderado y responsable de vino es beneficioso para la salud y para el sector, y forma parte de nuestra cultura, y las campañas de información a los consumidores pueden ayudar mucho al sector” han señalado.
España es líder en el mundo en exportación de vino, a costa de los precios más bajos del planeta. Según ha explicado UPA, esa competitividad se consigue gracias a “hundir” los precios que perciben por la uva los viticultores, que en muchos casos no llegan a cubrir sus costes de producción.
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