Desmoralización ciudadana

Las negociaciones actualmente en marcha entre las fuerzas políticas, con protagonismo especial del señor Sánchez, tratando de conseguir los apoyos necesarios que le permita alcanzar la investidura para ser presidente del Gobierno, en primera o en  sucesivas sesiones, por difíciles que estén resultando, no consiguen distraernos de los problemas que agobian a la sociedad actual. 
En efecto, por encima de esas dificultades, está la desmoralización de esta sociedad, viendo las posiciones de los distintos partidos, donde están predominando los egoísmos y los intereses personalistas y partidistas, anteponiéndolos a  los intereses nacionales y ello en una coyuntura, como la actual, de especiales dificultades económicas y sociales, lo que hace pensar, lógicamente, en lo poco que se tiene en cuenta a la ciudadanía.
Sin embargo, la mayor desmoralización procede de lo que se ve, y se lee, en la crónica de los tribunales de Justicia. Hay escándalos por doquier y es posible, que, algunos de ellos, afloren ahora, de un modo oportunista, por intereses espúreos. Ver sentada en el banquillo de los acusados a un miembro  de la Familia Real, acusada de graves delitos, no resulta especialmente ejemplar. Tampoco lo es la presencia en la Audiencia Nacional del clan de los Pujol, representado por el otrora Honorable, patriarca de la familia, que no hace tanto tiempo fue designado como Español del Año, habiendo sido, además, personaje determinante para la gobernabilidad de España en gobiernos del PSOE y del PP, y que al amparo de ese poder, parece haber amasado una inmensa fortuna, que la Justicia está intentando aclarar y cuantificar, mientras que se decía por parte de sus correligionarios y los independentistas aquel aserto de que “España nos roba”.
Asistimos también, aparentemente, con menos escándalo social, al desfile por los Juzgados de Sevilla de personajes políticos con  responsabilidades recientes en la Junta de Andalucía como presuntos responsables de las tropelías cometidas en la Junta durante bastantes años con dinero público. Ver desfilando por esos Juzgados a expresidentes, exconsejeros, exdiputados, etc. no eleva de un modo especial la “moral de la tropa”. A ello hay que añadir la presencia pendiente de la presidenta de la Junta en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación, a la que seguirán decenas de presuntos responsables de la mala gestión de esos cursos, lo que escenifica la enorme dimensión del problema.
El esperpento también afecta al PP valenciano, específicamente al Ayuntamiento de la capital, con 9 de los 10 concejales de ese grupo, investigados por una más que probable malversación de fondos públicos. Todo ello delante de los ojos de la anterior alcaldesa  y del propio presidente del Partido, sin que nadie se enterara de lo que estaba sucediendo. Es evidente que, además, de las posibles responsabilidades penales, están  las responsabilidades  políticas que serían de obligado cumplimiento para los personajes aludidos. Todo lo contrario. Se les premia  con puestos en el Senado, de libre designación, no electos, y se les ampara de un modo especial con presencia en la Comisión Permanente de esa Cámara, que amplía las posibilidades, ya grandes, del aforamiento.
Tales hechos, y más que quedan en el tintero, no cabe duda, que desilusionan y desmoralizan a una sociedad verdaderamente harta.