Treinta años de sanidad universal

Este pasado mes de abril se han cumplido 30 años del primer paso en la construcción del Sistema Nacional de Salud español. Con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986 se establecieron las bases de lo que sería uno de los más importantes logros de la reciente historia democrática.  Esa ley  supuso una auténtica revolución en el concepto de la protección integral a la salud, en las condiciones de prestación con carácter integral y de acceso como derecho de ciudadanía y de igualdad efectiva. Además, estableció que la política de salud debería estar orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales, lo que la convirtió en un potente instrumento de justicia social, contribuyendo de forma decisiva a la reducción de las desigualdades.
Fue la decisión política de un Gobierno socialista con un ministro de Sanidad histórico, Ernest Lluch, quien plasmó el mandato constitucional de protección a la salud como un elemento básico en el bienestar individual y de justicia social.  Si es obligado recordar que la iniciativa política se debió a la firme voluntad de un Gobierno socialista, en igual medida es de justicia reconocer que tanto en la concepción como en su implantación, resultó decisiva la participación activa e  implicación de un amplio colectivo de profesionales sanitarios cuyas aspiraciones y anhelos confluyeron con la política diseñada.
Hoy la sanidad pública española cuenta con el respaldo unánime de la población y de sus profesionales. A pesar de ello, hace tan solo 4 años el Partido Popular quebró por decreto este consenso social y profesional, expulsando de la atención sanitaria a cerca de un millón de personas y estableciendo barreras económicas y copagos a la atención sanitaria y farmacéutica. Afortunadamente, los gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas, como es el caso del que preside en Andalucía Susana Díaz, tomaron medidas inmediatas para paliar este decreto regresivo.
En la coyuntura actual, es indispensable defender nuestro sistema sanitario, pero también seguir avanzando en su mejora, con estructuras de buena gobernanza y cooperación entre autonomías para mejorar su calidad, y hacerlo más eficiente, más ético y transparente, asegurando la suficiencia financiera en todos los territorios. Desde el PSOE, además, queremos que la protección a la salud se incluya como derecho subjetivo en la constitución  y que se establezca el mecanismo que garantice su financiación suficiente para que no vuelva a ser posible, tal y como ha hecho el Gobierno de Rajoy,  dar un paso atrás.