Poner una pescadería en Cádiz

En ningún momento me he sentido especialmente deslumbrado o tocado en la fibra más íntima por el despliegue de plumajes y gestos de los sedicentes alcaldes del progreso. Lejos de eso, cada vez tengo más clara la sensación de que nos encontramos ante una insólita colección de extravagantes charlatanes, manifiestamente incapaces de gestionar los ayuntamientos que dirigen gracias, en la inmensa mayoría de los casos, al apoyo del PSOE. Al margen de mis ideas, de las suyas y de las de ellas y ellos, hay una cuestión que debería estar por encima de esos matices: la inviolabilidad de los marcos de convivencia que marca nuestra Constitución. Y por desgracia, hasta eso corre peligro con esta panda de curanderos devenidos en jefes de planta. No hace falta referirse únicamente a los aberrantes episodios de guerrilla urbana que protagonizan, dirigen y consienten en Barcelona esta tribu de nuevos dirigentes municipales, para evidenciar lo nefasto de su mandato. Los escombros siempre pueden recogerse o limpiarse, pero los destrozos que provocan estos cafres a medio plazo son más difíciles de reparar. Las desbandadas de inversores, empresarios y turistas son inevitables cuando los alcaldes de las ciudades son los primeros en vulnerar el marco de seguridad jurídica. Decía el otro día ese pedazo de alcalde gaditano conocido como “Kichi”, que él prefería a un tipo que vendiera pescado ilegalmente antes que al policía que le inmoviliza el producto. Al carajo la ley. Al carajo las tasas y los impuestos. ¿Quién va a querer invertir un duro en una ciudad en la que su alcalde desprecia a los contribuyentes y humilla a los encargados del orden? ¿Quién va a querer poner, a día de hoy, una pescadería en Cádiz? Pues nadie, porque entre el aventurerismo de algunos votantes y la irresponsabilidad de algunos partidos, han acabado llenando los ayuntamientos de merluzos, que es una especie que acaba produciendo la parada biológica en las administraciones que convierte en su territorio.