¿Golpe de Estado en Cataluña?

Si no lo es se parece demasiado. La decisión adoptada esta semana en el Parlamento catalán por los dos grupos mayoritarios, Junts pel Sí y la CUP, constituye un zarpazo definitivo a la legalidad en Cataluña, además de venir a mostrar la enorme bipolarización de aquella sociedad que  no augura nada bueno para el futuro de esa comunidad y de España.
En efecto, los partidos constitucionalistas, Ciudadanos y PP, se ausentaron de la Cámara antes de la votación, el PSOE se negó a votar e incluso la rama catalana de Podemos, votó en contra.
Hace muy pocos días, el Tribunal Constitucional ya había advertido a la Mesa del Parlamento, la ilegalidad de seguir adelante con la aprobación de las conclusiones de la denominada Comisión del Proyecto Constituyente, por suponer un salto cualitativo  en la estrategia de desconexión de Cataluña con el resto de España, actuando, además, de un modo unilateral. Estos grupos han hecho caso omiso a esas recomendaciones y han tirado adelante con todas sus consecuencias.
Es posible que tal grado de osadía, e incluso de chulería, obviando una vez más las resoluciones del Alto Tribunal, se haya producido  aprovechando el aparente vacio de poder,  con un Gobierno Central en funciones y con un horizonte cada vez más complicado en cuanto a la posible solución, por el enrocamiento de algunos partidos. Sin embargo, es un gravísimo error sí así lo creen. En funciones o no, el Gobierno tiene la legitimidad y obligación de actuar con contundencia de una vez en aquella comunidad, si es posible con la aquiescencia de los otros partidos, amparados, además, con la inmediata resolución del TC  que deberá dictaminar con urgencia refrendando su doctrina.
Ha llegado el momento de abandonar los paños calientes con aquellos políticos. Nos cuentan que el Constitucional puede llegar a imponer multas de hasta 30.000 euros a los responsables de tal actitud antidemocrática. Esta medida se antoja insuficiente para una presidenta que cobra más de 120.000 euros al año.
Con la Ley en la mano se impone, como mínimo, la inhabilitación de todos aquellos que votaron a favor de esta aberración, esto es, los miembros de la Mesa y el resto de diputados (perfectamente identificados puesto que el voto no ha sido secreto) e incluso recurriendo a la vía penal contra estos individuos. Todo ello al margen de adoptar las medidas necesarias previstas en nuestra Constitución que, además, fue votada mayoritariamente por los catalanes.
Desde que una parte de los catalanes viene escenificando con distintas medidas, cada vez más insolentes, su posición independentista, he venido sosteniendo que el mayor problema que tenía ante sí España era, sin duda, la cuestión catalana. El tiempo me ha dado la razón. De las crisis económicas se sale, más tarde o más temprano, e incluso seguro que llegaremos a tener nuevo Gobierno, pero si llegase a prosperar  lo que parece un Golpe de Estado contra la Democracia y las leyes vigentes, habremos fracasado como país y todos, cada uno en su medida, seremos responsables y, seguramente, el hazmereír del resto del  mundo.