Martín Soler, Paqui Pérez Laborda y la juez Alaya

La juez Alaya (y, quizá, muy a su pesar) no va a pasar la Historia de Andalucía. Pero tampoco va a poder evitar que sus decisiones queden grabadas y para siempre en la historia irremediable de dos almerienses a los que persiguió de forma improcedente, injusta e injustificada. 
El tiempo acabará situando a la jueza sevillana en la efímera consistencia de los titulares de telediario, pero en los paisajes personales de Martín Soler y Paqui Pérez Laborda su nombre solo evocará sufrimiento. Quien procesionaba por las calles de Sevilla como una macarena judicial subida en el altar de su troller y en medio del incensario interesado del Partido Popular, va ahora viendo cómo aquellos Domingos de Ramos laicos en los que convertía cada día su entrada en la Jerusalén de los juzgados sevillanos están siendo sustituidos por una estación de penitencia en la que ella solo podrá acabar llevando (y le concedo el beneficio tal vez inmerecido de la duda) el desaliento de la culpa, porque el peso de la cruz ya lo llevaron otros.
No busque el lector en esta Carta un recorrido judicial o político de los casos de corrupción que ha instruido (a la vista de lo ocurrido parece que no con mucho acierto) la jueza. La corrupción en el caso de los ERES es indiscutida. Chaves y Griñán debían haber abandonado la política mucho antes de que se vieran forzados por Susana Díaz a hacerlo. No porque los dos expresidentes se hayan quedado con un euro del saqueo- de lo que nadie, ni sus adversarios políticos les acusan-, sino porque, cuando se cometieron los hechos, ellos eran los responsables del gobierno y la consejería que tramitaba y aprobaba los fondos tan descaradamente robados. Los jueces pueden exculpar la responsabilidad penal, pero la decencia democrática imputaba en los dos casos y a los dos expresidentes la responsabilidad política de no haber gestionado con rigor los fondos públicos tan delictivamente sustraídos.
Lo que sí puede buscar el lector en esta Carta, aunque no la va a encontrar, es la respuesta al interrogante que acompañará toda la vida a aquellos que, como Soler o Laborda, se ven imputados en un procedimiento judicial del que, después de recorrer un calvario, salen absueltos: ¿qué responsabilidad tiene quien les hizo vivir tres años de amargura en el caso de Soler y dieciocho meses en el de Laborda  y cómo hará frente a ella? 
Las resoluciones del juez Alvaro Martín y de la jueza Núñez Bolaños, archivando la presunta comisión de delitos por los dos políticos almerienses y, por tanto, quedando los dos libres de toda sospecha, les ha supuesto un alivio extraordinario, pero el daño ya causado es irreparable. 
Durante tres años años el ex consejero Soler y durante dieciocho meses la ex delegada Laborda han estado encarcelados socialmente. Aunque nunca lo admitirán en público, los dos han tenido miedo a salir a la calle, a encontrarse con alguien que, lleno de furia y odio, les echara a la cara los delitos que, tan injustamente (como acaba de verse), les imputaba la jueza Alaya. Cuánto sufrimiento para ellos y sus familias; cuántas noches de incertidumbre; cuánta desolación y cuantas lagrimas silenciosas, que son las que más duelen; cuánto espanto en aquella noche en los calabozos de Sevilla en la que a Paqui Pérez Laborda pretendieron despejarla de honor y revestirla de indignidad. Y todo, todo ese calvario inquisitorial, para nada. Para absolutamente nada. Para que, en ese vacío de la nada que antes estuvo lleno de impiedad, nadie tenga responsabilidad.
Se preguntó el profesor Tierno Galván en un artículo maravilloso de los primeros ochenta sobre “quién custodia a los custodios” ante la posibilidad de la comisión de posibles desmanes. Ahora habría que preguntarse sobre quién paga por la pena que inmerecidamente han hecho penar a otros. 
La gestión de los procedimientos judiciales está tan blindada para los que la llevan a cabo que quienes no cumplen con la máxima judicial de la ponderación, la mesura y el equilibrio solo tienen que pagar la pena de conciencia (cuando la tengan; que habrá casos, que ni eso).  En estos últimos años han sido dos políticos socialistas almerienses los que se han visto arrollados por la injusticia de la Justicia de los justicieros. Pero mañana el rio policial o judicial podría hacer naufragar en sus aguas a políticos asentados en la otra orilla ideológica. Con sólo la apariencia imprecisa de delito podrían verse transitando por ese calvario. Y en esa vía dolorosa que conduce ante un juez no sé si algunos necesitarán tres caídas para darse cuenta que de ser justiciero a ser ajusticiado solo hay un paso.
Todo se ha consumado. Soler y Laborda han recuperado, sin rencor, la libertad social robada. Lo que no sé es si quienes les provocaron tanta amargura podrán vivir sin el peso insoportable de la vileza.