Rapidez, prudencia y violencia

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. Esto no es que lo diga yo, sino que lo señala el Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es ese documento al que todo el mundo alude, casi nadie ha leído y que muchos gobiernos de todo el mundo se siguen pasando por el forro de sus caprichos. Lo digo porque últimamente en España hemos suprimido este derecho fundamental, bastando la suposición, el rumor o la impresión para que, automáticamente, el presunto inocente sea considerado, prácticamente a todos los efectos, culpable de toda culpa. Es urgente el ejercicio pedagógico de volver a insistir en las garantías que protegen la reputación, el honor y la fama de todo el mundo, para no dejarnos llevar por la inercia de las redes sociales o la instigación del odio contra algo o alguien. No les hablo del caradura podemita Ramón Espinar y de sus pelotazos inmobiliarios, sino de que el Juzgado de Primera Instancia de Ponferrada (León), competente en materia de Violencia de Género, ha decretado la puesta en libertad de I.R.G, de 35 años, quien permanecía en prisión desde el pasado jueves después de que su ex pareja le denunciase por haberla secuestrado, agredido y arrojado pegamento en la vagina, al considerar que la mujer simuló los hechos. Aunque no se han descrito, no parece difícil imaginar los días que debió pasar en prisión el presunto autor de tamaña maldad, habida cuenta de la certeza con la que la mayoría de medios presentaron el caso ante la opinión pública. Pero claro, ahora resulta que no hubo agresión, ni pegamento, ni nada, sino un engaño por parte de la falsa víctima. Ojalá fuéramos todos un poco menos rápidos a la hora de opinar, un poco más prudentes a la hora de informar y un poco más racionales a la hora de luchar contra la violencia de género.