La larga espera de los Casos de Enciso, Carmona y Rifá

Entre las situaciones difícilmente injustificadas que soportamos los almerienses se encuentra la alarmante lentitud con que transitan por los juzgados algunas de las causas penales que más han conmovido la conciencia ciudadana, a veces por la perturbación social que han provocado determinados hechos y a veces por la personalidad de quienes los protagonizaron.
Que el Caso Poniente no tenga aun fecha fijada para el inicio de la vista oral, casi ocho años después de las detenciones llevadas a cabo EL 20 de octubre de 2009 en El Ejido, es una realidad imposible de justificar desde el sentido común; que la Operación Tres Reyes en la que está implicado el ex abogado del Estado en la provincia Demetrio Carmona se haya retrasado más de un año desde la fecha inicial prevista para su enjuiciamiento por una pirotecnia procesal en la que uno de los encausados renunció a su abogado el mismo día del inicio del juicio y, esta circunstancia garantista y legal, motivó que su señoría fijara la vista para catorce meses después, demuestra que existen demasiados desfiladeros por los que, si no escapar, sí retrasar, la acción de la Justicia; que un tipo como Miguel Rifá, acusado por Hacienda de un fraude superior a los ciento treinta millones de euros, no otee en su horizonte judicial una fecha en el calendario para aclarar la procedencia o no de esta gravísima acusación significa, no que algo no funciona bien, sino que hay mucho que funciona mal.
Una reflexión apresurada podría llevar a la conclusión fácil de que la causa de dilaciones tan desmesuradas es imputable a los fiscales o jueces encargados de gestionar los procedimientos o su dilucidación en el juicio oral. La negligencia y la torpeza forman parte del ser humano y ningún integrante del estamento judicial se encuentra a salvo de padecer sus efectos. Pero no creo que en los casos citados la exasperante lentitud con que se tramitan sus procedimientos judiciales sea imputable a ellos. No creo que estemos ante negligencias intencionadas o torpezas inevitables.
La causa habría que encontrarla en una realidad de la que muchos hablan pero sobre la que nadie hace nada. Desde la llegada de la Democracia el cambio experimentado en todos los poderes del Estado y sus entornos ha sido espectacular. Todo ha cambiado y casi todo a mejor. Pero curiosamente el único poder por el que parece que no ha pasado el tren del cambio y, si lo ha hecho, a veces ha sido para peor, es el de la administración de Justicia. Los diferentes gobiernos del PSOE y PP han sido capaces de reconvertir un sector tan resistente a los cambios como las fuerzas armadas. Sin embargo quienes pudieron, supieron y quisieron convertir un Ejercito cercano al golpismo franquista en una estructura militar al servicio de la Constitución democrática, no han podido, no han sabido o no han querido modernizar el poder judicial y la administración de justicia en nuestro país.
Nadie me va a encontrar en el argumento recurrente de que un gobierno que se enfrente a los jueces se sitúa en una posición de extremada incomodidad ante cualquier hecho sobrevenido en futuro; tampoco voy a recurrir al argumento, tan real, de que en España es más fácil juzgar a un ladrón de gallinas antes que al presidente de un banco como Rato y la banda que saqueó Bankia. Tampoco me voy a abandonar al pesimismo aldeano de pensar que los retrasos judiciales son solo imputables a nuestra geografía delictiva provincial. Que en todas partes las habas judiciales se cuecen lentamente y aquí no somos una excepción.
Pero en lo que sí tal vez formemos parte de esa excepción es en la situación de carencia de medios con que trabajan los administradores de la Justicia en nuestra provincia. Ese es un diagnóstico en el que coinciden todos los agentes judiciales. Almería está infradotada de medios con que administrar con diligencia y rapidez la acción de la Justicia. Faltan jueces, faltan fiscales, faltan funcionarios, faltan medios técnicos…en fin, la Justicia almeriense está en inferioridad de condiciones a la hora de enfrentarse a la realidad penal que le rodea. Quien ponga en duda estas carencias que se pregunte por qué nadie cumplió una orden de busca y captura durante seis meses del asesino de la chica víctima de la violencia machista en Huércal de Almería. Que quien fue su asesino esté seis meses en su casa y nadie lo busque y lo capture en cumplimiento de una orden judicial es una situación que revela unas carencias y una forma de actuar que no necesita comentario.  
Nadie sabe cómo acabarán las causas penales pendientes de Juan Enciso, Demetrio Carmona o Miguel Rifá; eso lo decidirán los tribunales en su día.
Lo que sí sabemos es que su tardanza en comparecer en la Sala de la Audiencia Provincial son un insulto a la inteligencia de los que piensan, de los que pensamos, que la administración de Justicia -preservando todas las garantías de los procesados- o es rápida o corre el riesgo de generar en los ciudadanos el peligrosísimo virus de la incredulidad.