Que no te engañen

Hace algo más de un año el Partido Popular de Andalucía se embarcó en una campaña contra la Junta de Andalucía que nadie pensaba que iba a tener tanto recorrido. Trataba –trata- sobre los tipos impositivos que el Gobierno de Susana Díaz establece sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La campaña partía con una gran trampa, propia de estos casos: culpar al oponente de algo que el acusador puede solucionar. Si el PP consideraba que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una injusticia tenía y tiene en su mano la solución: suprimirlo, pues no es la Junta quien tiene la facultad legislativa para ello, sino precisamente el Gobierno central. Pero a veces resulta más rentable electoralmente la bronca política derivada de un problema que la solución del propio problema. Así, que no te engañan.
La campaña que parecía de corto recorrido ha calada en la sociedad andaluza, y ahora la Junta se ha dado cuenta de el PP está ganando la batalla. Y al cabo de los meses ha reaccionado poniendo en marcha una maquinaria propagandística carente de unificación y dando margen a los allegados a que defiendan la postura de Andalucía, cada uno con los argumentos que considera adecuados, unos más afortunados que otros y algunos penosamente razonados. Hay quienes incluso justifican los altos tipos impositivos porque, al fin y al cabo, los afectados apenas superan el siete por ciento de los andaluces que heredan. Como si lo justo o injusto de una medida dependiera exclusivamente del número de afectados y no de la propia medida. Dicho de forma exagerada, la pena de muerte es una brutalidad sean uno o sean mil los ejecutados.
Algunos defensores de la causa están haciendo ejercicios malabares para defender lo indefendible, cual es el dato objetivo de que Andalucía y otras tres comunidades autónomas regidas por socialistas, además de Cataluña, se sitúan en cabeza de quienes más exigen a sus ciudadanos con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Éste no es un partido que se disputa entre la comunidad de Madrid y la de Andalucía. De las 17 comunidades autónomas, 16 tratan a sus contribuyentes por este impuesto de mejor forma que lo hace Andalucía. Y éste es un problema que tienen en su mano resolver tanto el Gobierno de Susana Díaz como el de Mariano Rajoy.
Pagar impuestos no es del agrado de nadie. Pero es necesario hacerlo porque no puede existir un Estado ni puede haber solidaridad sin que cada uno aporte la parte económica que le corresponde según su situación. La progresividad de la tributación es justa y necesaria. Pero de igual modo que esto es y debe ser así, también es de justicia considerar que ningún ciudadano debe ser castigado fiscalmente por residir en un lugar u otro. En 1998 el Gobierno de Aznar excluyó 665 medicamentos del recetario con cargo al Estado. La Junta de Andalucía, entonces, se apresuró a sufragar con sus medios esos medicamentos creando lo que popularmente se conocía como “la receta verde”. En 2012 la Junta suprimió ese beneficio. En otras situaciones, cuando el Estado ha dado libertad impositiva a las comunidades autónomas, generalmente Andalucía ha situado en la banda alta sus tipos impositivos. Y no me refiero solamente a los impuestos que ahora se debaten, sino también a otros como el IRPF, el céntimo sanitario, etc. Esta es la realidad. Así, que no te engañen.