La sentencia adjunta un mensaje a los políticos

Procrastinar la solución a los problemas no siempre es una solución. Transferir a los jueces la responsabilidad de tomar decisiones vía sentencia que entran de lleno en la política, tampoco.
Anoto estas dos ideas al hilo de las recientes sentencia del TSJC contra el ex presidente de la “Generalitat” Artur Mas y las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau culpables de desobediencia al Tribunal Constitucional por haber organizado en Cataluña el 9N de 2014 el llamado “referéndum de cartón”.
Una lectura atenta de la sentencia permite ver que al condenar a Mas a dos años de inhabilitación por un delito probado de desobediencia pudiendo haber considerado el de prevaricación -penado de 9 a 15 años de inhabilitación-, los magistrados que dictaron la sentencia han enviado un mensaje a quien en su día pudo haber impedido la apertura de los colegios, la colocación de las urnas y el uso de la aplicación informática que permitió el recuento de votos de un proceso que había sido expresamente desautorizado por el Tribunal Constitucional. Me refiero, obvio es señalarlo, al Gobierno que preside el ciudadano Mariano Rajoy.
A la vista de la sentencia y en espera de la que en breve dictará el Tribunal Supremo contra Francesç Homs, otro de los implicados en la desautorizada consulta llevada a cabo el 9N, que a la sazón es diputado en Cortes, todo hace pensar que por la vía de la inhabilitación no se frenará el desafío de los separatistas a la legalidad vigente en España.
La sentencia calificada con la boca pequeña de “malévola” por la portavoz de la “Generalitat” -y en sentido contrario recibida como “ponderada”, “benigna” o incluso “benévola” por diversos medios-, es una pequeña joya desde el punto de vista de la literatura jurídica. Razona y expone con calculado equilibrio el porqué pudiendo haberse centrado en el delito de prevaricación -concurrente a todas luces en la voluntaria desobediencia al TC-, optaron por el de desobediencia, que conlleva una pena muy inferior. Tengo para mí que más allá de las sanciones (livianas) dictadas, la sentencia adjunta un mensaje a los políticos. Es como si los jueces les hubiesen querido decir que no será la vía judicial la que ponga freno y fin a la deriva separatista. Por eso, algunos, en Barcelona, siguen muy crecidos.