Tocamos a 56,7 euros por barba

Cuando comienza la campaña de la Declaración de la Renta podemos hacer números sobre las contribuciones satisfechas al Estado a través de impuestos directos e indirectos y el sinfín de pagos por multitud de conceptos que jalonan la actividad cotidiana que van desde comprar unas aspirinas, hacer de comer, ir al cine, arrancar el coche, pagar una multa, luz, teléfono, agua… Todo, absolutamente todo, deja al Estado (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y regímenes específicos) una ingente cantidad de dinero a la que ahora hay que sumar los rendimientos por trabajo, actividades económicas, transmisiones patrimoniales, etc. Una abultada cantidad que se destina a la nada desdeñable acción de mantener servicios esenciales como sanidad, enseñanza, justicia, seguridad… y que salga agua por los grifos, electricidad por el enchufe y que el WhatsApp no nos arruine el día.
Bien es cierto que el sostenimiento del Sistema -incluyendo el sueldo, dietas y cocacolas de algunos patéticos payasos con escaño- es costoso y precisa de esfuerzo y diligencia. También es cierto que no sólo pagamos para sostener el pretendido Estado de bienestar. Pagamos para afianzar el presente y garantizar el futuro con una deseable proyección y cálculo de riesgo que, se supone, fiamos al buen criterio de nuestros administradores. Esto quiere decir que no contribuimos sólo para salvar el día a día, también es preciso que el Gobierno provea y prevea las necesidades de la sociedad productiva para el mejor desenvolvimiento de la actividad económica que garantice el sostenimiento del citado Sistema. O sea, las inversiones.
Invertir no es dirigir lo que sobra a otros conceptos de conveniencia. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la inversión es una necesidad que ha de ser muy meditada y justificada para canalizar partidas suficientes que alcancen objetivos que la sociedad no puede obtener. Los empresarios de Almería no pueden hacer autovías, trasvases, trenes de alta velocidad, juzgados o cuarteles de la Guardia Civil. Al Estado también le compete hacer lo posible para que no perdamos algo esencial e irrenunciable: tiempo y oportunidades. Y eso es lo que perdemos con desesperante reiteración en Almería con los compromisos incumplidos, obras retrasadas y proyectos fallidos: mucho tiempo y oportunidades que no volverán.
La inversión de los PGE para la provincia de Almería en 2017 es de 40 millones euros. Si dividimos entre 705 000 habitantes tocamos a 56, 7 euros por persona y año ó 4,7 euros al mes. Esos 56,7 euros por persona y año es lo que el Gobierno destina a lo que perentoriamente más nos acucia, y en lo que nos jugamos nuestro futuro en un entorno cada día más competitivo y especializado que se pertrecha de avances tecnológicos, logística de transporte y fomento de sectores productivos: inversiones, inversiones y más inversiones.
Si hacemos balance, Almería es una provincia que ya ha sufrido bastante en el balance tiempo/oportunidades. El paso del tiempo hace perder oportunidades; y las oportunidades perdidas son irrecuperables en el tiempo. Diez años sin la A-92, casi tres decenios sin la variante del Almanzora, la intemerata con el AVE… son oportunidades perdidas para el comercio, turismo y otras actividades que, por ausencia de facilidades, han languidecido, fracasado o simplemente no han llegado ni a presentarse. 
Almería ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido. Y lo que ha tenido ha sido muy poco para lo que ha hecho, gracias a su gente. Y lo conseguido es muy a pesar de sus políticos e instituciones -de todos los colores- que, salvando pocas excepciones, han supuesto el mayor factor limitante para el desarrollo de esta provincia.