Seis millones de insolidarios

Quiero pensar que no. Es más, seguramente no sea así. No creo que haya tanta gente insolidaria. Probablemente es desinformación. No tienen ni idea de que en sus bolsillos no va a repercutir el simple hecho de marcar con una X la casilla ‘Actividades de interés social’ en la declaración de la renta; si la marcan serán millones de personas en situación de vulnerabilidad las que salgan al menos un poquito de la miseria y el ostracismo. 
Quizás esa invisibilidad en la que nos vemos marginados los marginados sea un motivo más por el cual el año pasado 5,8 millones de personas no le dijeron al Estado que parte de sus impuestos fueran a parar a fines sociales. Marcar o no esa casilla es inocuo en términos fiscales: ni aumenta el dinero a pagar por cada contribuyente ni mejora su devolución. Quienes la marcan deciden a dónde destinan una parte de sus impuestos; y quienes no la marcan dejan esa decisión en manos del Gobierno.
El año pasado, casi 14 millones de contribuyentes permitieron que 1.378 programas sociales de toda España se llevaran a cabo para mejorar la vida de 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, casi 300 millones de euros para poner en marcha proyectos contra la pobreza y la exclusión social que pudimos gestionar 500 organizaciones sin ánimo de lucro como lo es Verdiblanca.
Pero esa gestión del Tercer Sector, y por ende el futuro de las asociaciones que lo componemos, se está tambaleando a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional provocada por un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra la resolución de la convocatoria de las subvenciones estatales con cargo al 0,7% del IRPF.
Esta X solidaria finalmente ha sido politizada y utilizada como arma arrojadiza entre territorios, olvidando el fin principal de su existencia: la atención a la infancia, mayores, personas con discapacidad, enfermos de cáncer y seropositivos, personas con adicciones, apoyo a víctimas de violencia machista o refugiados... Esos fondos salen a convocatoria pública y es el Gobierno quien los adjudica de manera finalista a proyectos ganadores. De ahí la importancia que tienen estas subvenciones para las ONGs que las gestionamos y las personas que son atendidas directamente de ellas, y que se quedarían sin apoyo si la gran mayoría de las entidades de lo social tuviéramos que cerrar nuestras sedes. Ya están organizándose grupos de trabajo específicos con el objetivo de encontrar una solución que proporcione estabilidad a estos proyectos financiados con cargo al IRPF; pero es necesaria también la complicidad de la ciudadanía para que apoye nuestra gestión y para que haya más recursos económicos tras marcar esta casilla. 
Esta casilla, la 106, y/o la 105, con la que financiar a la Iglesia católica. Ambas casillas son independientes, cada una suma un 0,7% de lo recaudado al fin destinado y no detrae dinero de ninguna causa. Esta última es la que pactó Rodríguez Zapatero para el sostenimiento católico; una asignación en bloque (250 millones el año pasado) que la Conferencia Episcopal decide cómo gastar: por ejemplo, 6 millones en Cáritas y 200 para mantener 69 diócesis y pagar a 19.000 sacerdotes. Pero sobre eso podemos reflexionar otro día.