El transfuguismo político es una anomalía en el funcionamiento normal de las instituciones públicas que afecta, principalmente, a las corporaciones locales y que altera la voluntad popular manifestada en las urnas. En las sociedades democráticas son los partidos políticos los depositarios de la representación política de la sociedad civil y los que cada cuatro años dan cuenta ante sus electores del fiel cumplimiento de ese mandato representativo. El Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto la relevancia jurídica de la adscripción política de los representantes y la consagración constitucional de los partidos como expresión del pluralismo político, reconocido por nuestra Constitución como un valor jurídico fundamental.
Cuando un concejal -o concejala- abandona su partido y traiciona a sus votantes saliéndose del grupo municipal por el que fue elegido para pasar a formar parte de la corporación municipal como concejal no adscrito está pervirtiendo los fundamentos mismos del sistema democrático, que no prevé la posibilidad de que un ciudadano pueda presentarse a las elecciones sin formar parte de una formación política.
Conscientes del perjuicio que tales conductas causan al sistema, en el año 1998 todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados firmaron un acuerdo contra el transfuguismo -ratificado en 2006- comprometiéndose a no apoyar las iniciativas presentadas por el tránsfuga, a no utilizar en beneficio propio la situación creada por su conducta y a adoptar medidas para su aislamiento, privándoles de los derechos que la ley reconoce a los partidos políticos con los que jurídicamente no admite equiparación.
La naturaleza políticamente patológica del transfuguismo es incompatible con el sano funcionamiento de una democracia representativa y debe ser rechazado por toda la sociedad, cada cual desde su ámbito de responsabilidad. Los partidos políticos no apoyando las iniciativas presentadas por los tránsfugas ni dándole cabida en sus filas. Los medios de comunicación no dándole cobertura mediática ni haciéndose eco de sus propuestas. Y, fundamental, los electores no volviendo a apoyar a esas personas en el caso de que se presenten nuevamente a las elecciones, organizando su propio partido o integrándose en las listas de cualquier otro, pues han demostrado que no defienden los intereses de sus votantes, sino sus propios intereses.
En los tiempos que corren, en los que parece estar de moda cuestionar el papel de los partidos políticos y en los que los personalismos de algunos políticos se intentan abrir camino aprovechando el malestar social, la defensa de los valores democráticos debe ser cosa de todos.
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