La investigación sobre el inmenso y presuntamente ilícito enriquecimiento de la familia Pujol continúa lenta pero imparable. Que los siete hijos, la esposa y el propio exhonorable estén imputados y con el primogénito en prisión es una estampa insoportable para todos los catalanes dignos. La cuantificación que la UDEF ha hecho del presunto latrocinio, 70 millones de euros, supongo que levantará sarpullidos en una ciudadanía a la que se le decía que España les estaba robando cuando el que en realidad robaba era el que acusaba o alguien de su familia sin que él se enterase, cosa difícil de creer.
La irritación social y la vergüenza ajena han tenido esta semana otro momento cumbre con las revelaciones sobre la “madre superiora”. Esos mensajes en clave con los que Marta Ferrusola se dirigía en clave a su banquero andorrano pidiéndole, como superiora de la congregación, que le transfiriese dos misales. Vamos, que le pasase un par de millones. Si no fuera todo tan sórdido, lo que nos hubiéramos reído con Gila: “¿Es el padre prior? Aquí la madre superiora, que me mande dos misales*”
Los tribunales dictarán en su día si se confirma lo presunto. Pero mientras eso sucede, la inquietud ciudadana contrasta con el silencio institucional en Cataluña. El día en que ingresó en prisión Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia, Artur Mas despachó el asunto con un “hoy no toca”. Y preguntado por el escándalo en una entrevista al diario ARA, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo en febrero que “en el ámbito de los reproches lo que le tenga que decir a Pujol se lo dirá personalmente”.
No son los primeros ni serán los últimos políticos en ofrecer el silencio por respuesta cuando vienen mal dadas, pero se confunden igual que los otros. Porque a los ciudadanos no nos interesan los reproches personales sino la reacción pública del actual presidente Puigdemont y de Artur Mas, sucesor y heredero político de Pujol, frente a la grave hipótesis de que la familia del expresident se enriqueciese a base de robar a los catalanes. Ya sabemos que la madre superiora nada dirá de todo esto. Pero es legítimo preguntarse por qué en Cataluña ningún padre prior tiene a bien poner voz a una indignación extendida.
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