Una de las bases que sustenta a las sociedades democráticas es la presunción de inocencia. No basta con que determinadas circunstancias, testimonios o declaraciones, conformen la sospecha sobre una persona, sino que es necesario un juicio con garantías que demuestre la culpabilidad o no de ese ciudadano. Pues bien, el bochornoso escenario de la corrupción, protagonizada por personajes políticos, ha alimentado un ambiente enrarecido, donde Podemos y Ciudadanos han aprovechado esa circunstancia para cargarse el principio democrático de presunción de inocencia... aplicado a los políticos. Pero cuando un cimiento falla en una parte, se extiende al todo, y ya en este momento, cualquier empresario, vecino, entrenador de fútbol, tendero o transportista que aparezca con algún viso de sospecha, en cuando los medios de comunicación se hacen eco de ello pasan a ser convictos y condenados, sin que se haya celebrado juicio, sin que se hayan aportado pruebas evidentes, y no esos “indicios racionales”, que nos llevarían a clasificar como infiel a cualquier mujer casada a la que se sorprendiera tomando una copa con una persona que no fuera ni su marido, ni conocido de él. Estamos a punto de convertir la murmuración en una prueba irrefragable de culpabilidad, y la sospecha en un veredicto. Dentro de poco, el santo y seña de esta sociedad será el bestial e injusto refrán de “cuando el río suena, agua lleva”.
Los partidos políticos que se aprovechan de esta situación creen que eso les beneficia, pero llegará un momento en que les afectará a ellos y, sobre todo -y eso es lo que a mí me preocupa- les afectará a los lectores de periódico y a sus articulistas.
Dentro de poco, hacerse, eco de que la vecina del tercero es una puta y su marido es un cabrón se habrá convertido en un fallo jurídico, y la inocente mujer y el inocente marido, tendrán que trabajar para demostrar su inocencia, porque los acusadores ya están exentos de tener nada que demostrar. La calumnia está ya admitida como prueba.
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