Vivienda: protección y rehabilitación

Me llama extraordinariamente la atención la frivolidad, siempre intencionada, con la que de manera torticera se cuestiona la inversión pública en materia de vivienda. Pero claro, no toda inversión; si ésta es municipal no tiene reparos, ahora bien, si hablamos de la Junta la cosa cambia.
Bueno, pues para agnósticos ahí van algunos datos: la declaración de Áreas de Regeneración Urbanas, cítese La Chanca, El Puche o La Fuentecica, son programas de actuación Estado – Junta de Andalucía a través de fondos de inversión comunitarios. Fondos Feder que han servido, porque son finalistas, para rehabilitar 320 de viviendas de comunidades de vecinos en El Puche norte; otras 106 viviendas en La Esperanza – Fuentecica u otras decenas de viviendas del parque público en El Realengo de Cuevas del Almanzora; por citar algunas de las actuaciones recientes y que han supuesto más de seis millones de euros de inversión.
Esto en materia de rehabilitación de vivienda pública porque en otro apartado tenemos que consignar la eliminación de infravivienda en el barrio de La Chanca con la promoción de 36 nuevos inmuebles en Canteras Viejas; 15 en calle Faro; 8 en Cuevas de las Palomas; otras 6 en Chamberí y todo con un presupuesto de cinco millones de euros que se ejecutará a lo largo de este año.  Actuaciones que en el cómputo general del plan de reforma interior del barrio han supuesto, desde su puesta en marcha, más de 40 millones de euros de inversión en materia de vivienda.
Pero, de la misma manera que se está actuando en rehabilitación y promoción de vivienda, las políticas del Gobierno andaluz han permitido a lo largo de los últimos años que miles de familias con rentas modestas hayan podido tener acceso a algún tipo de ayuda pública en materia de rehabilitación autonómica o adecuación funcional básica.
Solo a modo de ejemplo, las cifras son elocuentes, 8.942 familias almerienses se vieron beneficiadas desde el año 2000 con los más de 52 millones de euros que que se concedieron para el arreglo de sus hogares; excuso subrayar el impacto económico que también ha tenido en el tejido de autónomos y pequeñas empresas. A lo que hay que sumar otros cerca de 13 millones de euros que se emplearon entre 2002 y 2013 beneficiándose un total de 9.643 familias de personas mayores o con discapacidad del programa de adecuación funcional de sus viviendas.
Llegados a este punto el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía nos permitirá seguir avanzando en este nuevo modelo edificado sobre tres ejes: Impedir la pérdida de vivienda por motivos económicos, fomentar el alquiler de viviendas y rehabilitar el parque de viviendas existente mejorando su eficiencia energética y accesibilidad.
Además de la apuesta decidida que ha supuesto la puesta en marcha del Sistema andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucios, una “ventanilla única” para el ciudadano que ha sido privado de su vivienda o está en riesgo de serlo, que, junto al proyecto de Ley de Tanteo y Retracto actualmente en tramitación, permitirá a la Administración ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas facilitando la permanencia en su hogar mediante un alquiler social.