La imputación de Castellón abriría una crisis en el ayuntamiento

Juan Torrijos
01:00 • 01 jun. 2017

Una vez más mantengo que la culpabilidad tiene que ser demostrada por la justicia, por lo que hasta que eso no ocurra, la presunción de inocencia debe imperar ante cualquier causa en la que alguien, político o no, se pueda ver sumergido. La investigación solicitada por el juzgado sobre unos hechos denunciados por el PSOE de Olula del Río, y que tiene como protagonistas al alcalde del municipio, Antonio Martínez, y al hoy número dos del ayuntamiento de la capital, puede abrir una crisis en el equipo de gobierno de Almería y apartar de la política a uno de los jóvenes políticos de la capital que venía demostrando mayor capacidad y mejor posición de cara al futuro. Juan Carlos Pérez Navas, portavoz del PSOE, ya ha pedido que se vaya, Miguel Cazorla, lo mismo de C,s, prefiere esperar a ver lo que ocurre con la investigación, pero anuncia que no le temblará el pulso a la hora de exigir que se cumpla el pacto anticorrupción firmado entre ellos y el PP. Delgada línea la que separa la credibilidad y la honorabilidad de un político. Hoy lo está sufriendo en sus carnes  señor Castellón, don Miguel Ángel, mañana le puede ocurrir a cualquier otro. Deberían ser más comedidos en sus declaraciones y en sus denuncias, mañana le puede ocurrir al que hoy sonríe con sorna.
No es bueno en un principio fiarnos de todo lo que recogemos los medios en cuestiones de justicia, cada informante tiene sus intereses en juego, y es preferible esperar a que la justicia diga la última palabra, o la penúltima. Si nos atenemos a lo manifestado en su defensa por parte de don Miguel Ángel, ni él ni Diputación hicieron el informe de que se le acusa, y para demostrarlo presenta un documento en el que le niega al ayuntamiento de Olula la realización del mismo. Toca esperar a lo que diga la jueza en su momento, pero resulta extraño que surja una denuncia por un informe que no se realizó, por lo que no debe estar en los archivos municipales de Olula del Río, mientras que el documento que negaba desde Diputación la realización de ese informe sí está archivado pero no aparece en la causa.
No le demos más vueltas al litigio en cuestión, dejemos que siga trabajando la justicia y que sea la que nos diga lo que realmente ha pasado y quién tiene que abandonar la vida pública almeriense.







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