Complicidades sobrevenidas

En un acto de responsabilidad democrática, de lo que debería de ser algo también normal y habitual en otros gobiernos, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha rendido cuentas esta semana de su gestión al frente del Ejecutivo andaluz. Lo ha hecho atendiendo a su compromiso de propiciar en el Parlamento un debate que sea útil para los ciudadanos y en el que las lógicas discrepancias no impidan que los andaluces y andaluzas sean los verdaderos vencedores, los que salgan ganando. 
Los socialistas somos conscientes, así también lo reconoce la propia presidenta, de que existe un margen para mejorar lo que se está haciendo, pero de la misma manera también es mejorable lo que hacen los grupos de la oposición. Sin embargo, a sus dirigentes, como es el caso de Moreno Bonilla, Maíllo o Rodríguez, se les vio más centrados en los ataques personales contra Susana Díaz que en debatir las iniciativas de impulso social y económico que anunció la presidenta en la Cámara andaluza. 
Frente a las ideas nuevas, la renovación,  la capacidad de escucha y ofrecimiento de diálogo que puso sobre la mesa Susana Díaz, solo se escuchó ruido, mucho ruido desde la bancada de la oposición en la que supuestamente existen posiciones antagonistas, pero que actúa y vota en la misma dirección en la mayoría de las ocasiones. Esta actitud, ese obsceno compadreo tiene precedentes en la historia reciente de Andalucía y no hace falta ser muy inteligente para saber cómo pueden acabar esas complicidades sobrevenidas.  
En cualquier caso, Andalucía sale de este debate reforzada de la mano de quien planteó un discurso de izquierdas, nítidamente social, igualitario, feminista, de futuro y comprometido con nuestra tierra. Con esas premisas, Susana Díaz ha puesto sobre la mesa una treintena de medidas para crear empleo y lograr que el crecimiento económico en Andalucía vaya aparejado a la recuperación y la ampliación de los derechos perdidos por la crisis.
Entre las iniciativas propuestas destacan la bonificación al 99% de las matrículas universitarias, de manera que los alumnos que aprueben no tendrán que pagar por estudiar en la universidad o la puesta en marcha de una renta mínima de inserción social con la que erradicar la pobreza.
El nuevo impulso social que plantea la presidenta del Gobierno andaluz supone, en definitiva, avanzar en un proyecto de presente y de futuro que demuestra que los derechos pueden recuperarse y ampliarse, que solo es necesario tener la voluntad y el arrojo de hacerlo. Andalucía, frente a la resignación que promueve la derecha, se sitúa en primera línea de ese combate.