Litigiosidad en torno al Popular

ha puesto de manifiesto las prácticas más perversas y las contradicciones más profundas del sistema financiero, concurriendo todos los elementos necesarios para que se dispare la litigiosidad en torno a la operación de venta del banco desde distintos argumentos jurídicos. Argumentos que, tal y como se están preformulando desde el punto de vista judicial, y en función del rol de cada demandante, aparentemente pueden presentar visos de contradicción y de incompatibilidad. No obstante, las propias contradicciones del sistema pueden dar lugar a la paradoja de que en el futuro asistamos a resoluciones judiciales favorables para posiciones enfrentadas e incompatibles entre sí, y que pueden apuntar indiscriminadamente a los distintos consejos de administración del banco, al MUR, al BCE, al FROB, a la CNMV, al Banco de España o al Santander (cui prodest).
Y los principales elementos que han concurrido en todo este proceso están claros: sobreexposición al sector inmobiliario, especialmente generada en los últimos años de la burbuja y coincidiendo con la presidencia de Ron; aumento generalizado del riesgo moral, y fomento de prácticas extremadamente riesgosas por parte de los directivos amparados en el riesgo sistémico y en la cobertura pública en última instancia; existencia de un fondo de garantía de depósitos exhausto, incapaz de asumir la cobertura de depósitos; especulación generalizada sobre los títulos del banco; sueldos e indemnizaciones indecentes para directivos que han tenido el mérito de acabar con uno de los bancos que otrora era el más eficiente; presión bajista sobre las acciones por parte de los hedge funds a través de masivas posiciones en corto, teniendo como principal objetivo tumbar la acción y conseguir el mayor beneficio imaginable en una posición corta; sospechas de información privilegiada en distintos niveles; improvisación en el mecanismo de resolución (MUR), al que aún le faltaba la clave de bóveda, habiendo tomado como conejillo de indias al banco español; aparentes intencionalidades ocultas en la nueva dirección del banco no trasladadas a la Junta General, y que ahora se ponen de manifiesto por el perfil del último CEO, por todo el fatídico y malogrado proceso que puso en marcha, más orientado al desguace y venta que a la propia sostenibilidad financiera y comercial del banco, y, consecuentemente, por la existencia de consejeros sin acciones de la entidad; tétricas sindicaturas divinas metidas en el más sucio negocio de las finanzas; desequilibrios de capital que abocan a la insolvencia severa y, seguidamente, a la más absoluta iliquidez; timorata posición de la supervisión que ha actuado como acicate para inundar de rumores el mercado y la retirada masiva de depósitos; suculentos créditos fiscales en juego; recientes ampliaciones de capital que no trasladaban la situación real del banco y que contaron con el visto bueno de la CNMV; bail in en ausencia de garantías concursales para accionistas y bonistas; ironía y “ambulancias” para los accionistas; medidas provisionales de suspensión de las prácticas de casino del sistema financiero para evitar el contagio a otras entidades; inaceptabilidad popular de un rescate público; etc.
La polémica está servida, y la litigiosidad garantizada. Pero los jueces no pueden seguir asumiendo un heroico papel que no le corresponde, que corresponde a legislador y al regulador. 
Pero en toda esta historia, que no refleja sino la mayor miseria humana, tenemos que estar agradecidos a Saracho de que haya renunciado a la indemnización de 4 millones por trabajar en el banco durante aproximadamente un trimestre.