La última vez que escribí sobre la chispeante burbuja educativa andaluza fue para señalar el estupor que a muchos padres nos había producido ver que a la hora de matricular a nuestros hijos ya no éramos padres o madres, sino “personas cuidadoras.” Así, tal cual. Pero como la Junta de Andalucía vive instalada en la ocurrencia permanente, no faltan motivos para volver a fijarnos en las iniciativas de los que deciden el modo en que se educan nuestros hijos. Por eso les cuento que la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía contra la reciente decisión de la Consejería de Educación permitiendo obtener el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a los alumnos que tengan dos asignaturas suspendidas en junio, sin esperar a septiembre. Para la Junta, el nivel de conocimiento de los alumnos andaluces importa menos que su nivel de felicidad personal. Y nuestras “personas cuidadas” deben crecer felices y ajenas a la castrante presión de la reconvención por los suspensos, que son rémoras de un sistema injusto que poco a poco vamos corrigiendo todos y todas, juntos y juntas. Admito que se me escapan las razones académicas que podrán tener los responsables educativos del gobierno de Susana Díaz para dar muestras de semejante generosidad, pero lo que sí percibo claramente son dos cosas: la primera es el agravio comparativo sobre los alumnos que han cumplido y se han dejado los codos. Y la segunda -y más grave- es el modo en que la Junta de Andalucía traslada un mensaje demoledor de cara al futuro de toda una generación, relegando valores como el esfuerzo y la constancia. Y luego nos extrañamos cuando los famosos informes PISA dicen que después de casi cuarenta años, Andalucía está a la cola de los índices de aprovechamiento educativo de España. Andalucía, imparable.
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