Integración laboral y discapacidad

Las estadísticas sobre el desempleo del Ministerio de Empleo obvian con demasiada frecuencia el porcentaje real de personas con discapacidad que no están integrados en el mercado laboral. 
El escenario real  es que si en la actualidad nos encontramos con 3.335.294 parados en nuestro país, es decir un 17,7% de la población activa, si este porcentaje lo trasladamos al colectivo de personas con discapacidad, los números son escalofriantes, ya que, los trabajadores con discapacidades sensoriales en demanda de empleo, se van a más de un 70%, mientras los demandantes con discapacidad intelectual superan el 90%.
Estamos hablando de un colectivo de ciudadanos que superan los 3.000.000 millones, y que no tienen la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo y por lo tanto a la posibilidad a disfrutar de una autonomía personal, que le permitirá una integración social con plenos derechos.
Pero lo tienen realmente difícil, empezando por la Ley de Integración Social del ¿minusvalido?, del año 1982. A lo largo de sus 35 años de existencia no ha logrado conseguir el objetivo para el que se creó, como es la integración laboral de las personas con discapacidad. La cuota del 2% de reserva de puestos de trabajo en aquellas plantillas que cuenten con más de 50 trabajadores ha servido de muy poco, ya las empresas a través de esta propia norma, tienen “salidas” a través del pago de subvenciones para evitar integrar en sus empresas a trabajadores con discapacidad. Creo que es necesaria una reforma urgente de la misma.
Los Centros especiales de empleo, vienen desarrollando una función importante en la posibilidad de que este colectivo puede desarrollar una actividad laboral regular , pero desde mi punto de vista deberían ser, una escuela de paso , que facilite la adquisición de habilidades laborales que permita la transición al mercado ordinario. 
No sería justo, no reconocer que dentro del sector privado existen empresas sobre todo multinacionales, que dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa, trabajan de forma decidida por la integración laboral, pero son casos contados. Para la gran mayoría, lo de integrar en sus plantillas a trabajadores con discapacidad, no entran dentro de sus cálculos,pese a que estos trabajadores suelen ser muy responsables a la hora de acometer su trabajo y por las altas deducciones y subvenciones que reciben, por lo contratos realizados.
La adaptabilidad de los puestos de trabajo es otra de las batallas que el trabajador debe librar, hay un porcentaje muy elevado de empresas, que no adaptan sus puestos de trabajo y finalmente optan por el despido.
Las administraciones públicas deben desarrollar una papel fundamental para facilitar su integración laboral , ya que, se reserva una cuota del 5%, en cada oferta de empleo público que realizan, pero el problema es que las convocatorias a lo largo de todos estos años de crisis han sido muy reducidas y han generado muy pocos empleos. 
En fin, la integración laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, para conseguir aprobarla haría falta una serie de actuaciones como:  
Reformas de la normativa vigente, integración real y obligatoria en las empresas con más de 50 trabajadores a crear un 2% de puestos de trabajo con adaptabilidad de los mismos, y que tanto las administraciones como las empresas y concesiones públicas de  limpieza, transportes urbanos, aguas, jardines y mantenimiento recojan ofertas de empleo que ayuden a la integración laboral de las personas con discapacidad.