Vaya por delante que tal y como están las cosas en Cataluña toda cábala está condenada a errar. ¿Por qué? Pues porque con Carles Puigdemont a la cabeza, la habilidad del conglomerado separatista ha consistido en ir embarrando el terreno al tiempo que cuando convenía a sus fines se instalaban en la ambigüedad.
¿Había declarado la independencia? Tal parecía puesto que él mismo anunció que la dejaba en suspenso. Sin embargo, en su respuesta del jueves al requerimiento del Gobierno decía que no hubo tal declaración. Eso sí, la amenaza de someter a votación la declaración de independencia en un "Parlament" donde los secesionistas tienen mayoría, era explícita.
Ante semejante táctica hay que reconocer que el Gobierno Rajoy siempre ha ido uno o dos pasos por detrás. Aún hoy, anunciado como está el recurso al Artículo 155, hay dudas acerca del alcance de la intervención y la conveniencia de una aplicación más o menos restrictiva de un instrumento plenamente constitucional que en definitiva faculta al Gobierno de España para restablecer el imperio de la ley en una Comunidad Autónoma. Con todo esto quiere decirse que ahora que como paliativo a la intervención desde el Gobierno se sugiere que una vez aplicado el 155, llegados al mes de enero, la mejor salida sería convocar elecciones autonómicas, convendría reflexionar un minuto acerca del alcance de tal medida. Al estar convocadas por la nueva autoridad emanada de la intervención, lo que desde Madrid se ve como un posible aliviadero de la tensión política y de orden público, desde el bando separatista podría ser origen de un boicot a los comicios. Consecuencia: el proceso seguiría enquistado.
El objetivo, hoy por hoy, es una misión imposible: conseguir que sea Carles Puigdemont quien convoque los comicios autonómicos. Hablo de misión imposible porque a estas alturas hay indicios suficientes como para concluir que no es él quien conduce el "procés" sino que está siendo arrastrado por las organizaciones que le urgen para que declare la independencia y proclame la República. Aún así, entiendo que el Gobierno no tiene otra salida que aplicar un artículo de la Constitución del que mucho se habla y que a juzgar por lo que algunos dicen, parece que no todos han leído.
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