De un modo veloz e inadvertido, igual que desaparece el puño en cuanto abrimos la mano, así se han desvanecido en la Junta de Andalucía todos los millones de euros relacionados con los ERE irregulares, los cursos de Formación o el caso de las facturas falsas. ¿Dónde está ese dinero? Matarile-rile-rile, vaya usted a saber, porque doña Susana Díaz no lo encuentra, quizás porque contempla esa búsqueda con las mismas perspectivas que quien sabe que la policía está cavando en vano tratando de dar con un fiambre que ha sido arrojado al mar. El caso es que el gobierno de la Junta es incapaz de recuperar todo el dinero que se ha desviado a través de los casos de presunta corrupción que le afectan, tal como se deduce del avance de liquidación del presupuesto autonómico de este año. De los ejercicios presupuestarios cerrados, la recaudación neta en concepto de expedientes de reintegro (es decir, la fórmula oficial de contabilizar la vuelta a la luz fiscal de las partidas desaparecidas) es tan sólo un 26%, es decir, que de los 279,5 millones de euros que el Gobierno andaluz esperaba recaudar, tan sólo ha ingresado 73,5 millones de euros. Y es bueno fijarse en estos datos, más que nada por cambiar el enfoque del análisis de la corrupción en nuestra comunidad. Habida cuenta de que el robo no ha sido considerado como suficiente contraindicación ética a la hora del voto, quizás la constatación contante y sonante del roto que provoca a los bolsillos de las familias andaluzas el desvío de fondos públicos pueda tener otro efecto. Si en 2017 la Junta esperaba recaudar 442,9 millones de euros por los expedientes de reintegro, para 2018 la cifra se reduce en 69,8 millones, al pasar a 373,1 millones. Y claro, uno no puede sustraerse al cierre de invitar a pensar en la cantidad de cosas que podrían haberse hecho en Andalucía con el pastizal que se han llevado, según la propia Presidenta Díaz, “cuatro golfos”. Piénsenlo con calma y así, quizás, las manos se cierren y se conviertan en puños.
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