Ahora el Cable no es de la Junta

El Cable Inglés se viene abajo. La corrosión y el olvido de décadas ha deteriorado su estructura de tal modo que ha sido necesario vallar y prohibir el paso de peatones bajo sus viejas vigas, porque hay peligro real de desprendimientos. Algo similar a lo que no hace demasiado tiempo ocurrió en un lienzo de muralla de la Alcazaba, que tampoco es un monumento que destaque por su esmerada conservación. Se podrán hacer ahora todas las precisiones patrimoniales y competenciales que se quieran, pero mientras la Junta de Andalucía se pone de perfil diciendo que el Cable no es suyo o incluye en sus presupuestos partidas repetidas e inexistentes para el mantenimiento del conjunto monumental, la única ordenación vigente en esos dos elementos, claves del patrimonio histórico almeriense, es la Ley de la Gravedad. Y como marca la tradición, la delegación municipal de la Junta de Andalucía (lo que algunos cándidos siguen llamando Grupo Municipal Socialista) ya ha salido al quite para decir que el Cable no es de la Junta, sino de la Autoridad Portuaria, que depende a su vez del Ministerio de Fomento. El Delegado Municipal de la Junta en Almería, el senador Pérez Navas, salió rápidamente al paso, negando cualquier relación del Gobierno de doña Susana con el oxidado cargadero y dejando claro que si siguen tocándole las narices a sus señoritos con el Cable, no dudará en echarle el mochuelo al único responsable de su deterioro, que no es otro que Mariano I el Pérfido, al que a estas alturas todavía no sé cómo no le han hecho responsable también del mal estado de la Alcazaba. Pero hay que recordar –además de las ruedas de prensa de la Consejera de Cultura en lo alto del Cable y su declaración como BIC- que en septiembre de 2001, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería -representado por quien entonces era su Teniente Alcalde, Juan Carlos Pérez Navas- anunciaron a bombo y platillo el inicio de las obras de rehabilitación del cable. ¿Qué fue eso? ¿Una apropiación indebida?