Prepárense en 2018 para insospechados espectáculos políticos, como el 2017 que no prometía nada y miren. Espectáculos que ojalá sean antesala de ansiados cambios. Difícilmente vendrán impulsados por los partidos políticos, bloqueados en una preocupante parálisis transformadora. El motor del cambio, si llega, será la sociedad civil. Para España y para Cataluña. Felix Revuelta, uno de los empresarios más comprometidos con una Cataluña constitucional se arriesga a afirmar que “a pesar de todo, estamos mejor que el uno de octubre”. La diferencia positiva está en que “ahora existe una sociedad civil no independentista activada, mientras que antes sólo se dejaba oír la partidaria de la secesión”.
Esa sociedad civil que no quiere romper con España es la que ha proyectado con enorme fuerza en redes sociales el fenómeno Tabarnia, a saber, una nueva división territorial y política en Cataluña que incluiría la provincia de Barcelona y parte de la de Tarragona, dispuestas a emanciparse de la Cataluña rural independentista que se impone, en buena parte, gracias a la ley electoral catalana que prima su representación en Lleida y Girona. Pero Tabarnia no quiere irse de España sino convertirse en comunidad autónoma.
Tabarnia es una broma -o menos broma- de gran éxito, agrandado por la inquietud creciente del independentismo porque explotó en redes sociales, ocupa páginas de periódicos y ha llegado hasta el New York Times y a la cadena francesa de noticias, a escala mundial, TV-5. Son casi doscientas mil las firmas de ciudadanos que apoyan la iniciativa…por si acaso. Los que han inventado Tabarnia y la animan han dado en el clavo: utilizan las mismas frases que los secesionistas lanzan contra España, solo que al revés. A saber, carteles de “Tabarnia is not Catalonia” o “Cataluña nos roba”. Estamos ante la primera victoria comunicativa del campo constitucional catalán arrollado desde hace cinco años por la brillante creatividad de los partidarios de la independencia que contaron siempre con excelentes coreografías, publicistas de primer nivel y - todo hay que decirlo- subvenciones sin límite de las arcas de la Generalitat, aunque eso supusiera cero euros para guarderías. Cero euros. Literal. Esta victoria comunicativa procede de la sociedad civil. Sabido es que el Gobierno español no dio ni una y, a veces, ni siquiera presentó batalla, especialmente en el ámbito internacional. Y en eso sigue porque, si no controla al ministro del Interior, Zoido, y lo deja suelto ante micrófonos y cámaras, el independentismo le deberá un monumento. Como es juez de profesión, Zoido igual habla de policías que de justicia y se refiere tanto a los imputados como a los que le gustaría encarcelar. Ojo.
Pero lo de Tabarnia inquieta, aunque no se diga, porque si sumar la provincia de Barcelona con media de Tarragona puede resultar estrambótico, existe un organismo aprobado en su día que sería vehículo ideal para una segregación: la Corporación Metropolitana de Barcelona que reúne a 28 municipios. Supone más de la mitad de la población y de la riqueza de Cataluña y electoralmente no es independentista. Impulsada en su día por Pasqual Maragall fue liquidada por Jordi Pujol en 1987 porque la vio como un contrapoder efectivo. Podría resucitar y plantar cara porque es historia.
Entretanto sigue la fiesta. Junts per Cataluña no quiere otro presidente que Puigdemont pero hasta el lendakari Urkullu, bien crítico con las decisiones de Rajoy en Cataluña, ha salido a decir que “no se puede dirigir un país por Internet” y apuesta porque “todo vuelva a antes del 6 de septiembre”, fecha de la primera violación de la ley en el Parlament. Una investidura telemática podría ser el hazmerreir en Europa sino fuera porque las bromas de Tabarnia divierten más. Un detalle: de nuevo se violaría la ley catalana porque el candidato a presidente debe estar presente. Que viniera de la cárcel, hasta podría ser, pero nada de Skype. O sea, Junqueras sube enteros. Hay partido.
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